Un claro ejemplo de cómo se podría manipular la información a favor o en contra de las personas se dio entre 2016 y fines del año pasado, a pocos días de las internas de los partidos políticos, cuando en primer lugar Abc Color denunció un supuesto espionaje contra una periodista, pero luego se calló cuando la obtención irregular de audios le benefició. Inclusive, hoy, presiona a través de publicaciones para que los fiscales y jueces tomen los audios como elementos probatorios en los procesos de investigación.
A mediados de 2016, Mabel Rehnfeldt, periodista del diario Abc Color, se pronunció ante un supuesto hecho de espionaje contra una de sus colegas que había investigado irregularidades dentro de las Fuerzas Armadas. Entre sus afirmaciones, la comunicadora aseguró que trasladaron hasta Asunción, equipos de supuestas escuchas telefónicas que eran utilizadas en la zona norte por los efectivos militares para combatir a los criminales del EPP.
Sin embargo, y para peor, la Fiscalía finalmente pudo comprobar que las informaciones no fueron producto de un espionaje. Se presumió que un empleado infiel de la empresa telefónica Personal, propiedad de Aldo Zuccolillo, había facilitado los registros de llamadas de la periodista del mencionado medio de prensa, al solicitante.
"La gente que nos escucha debe saber que si pudieron hacer con uno se puede hacer con todo. No hay garantía constitucional de inviolabilidad de tu comunicación. Lo pueden hacer con el enemigo político de turno, lo pueden hacer con el economista, con el empresario. Esto se trata de información y sabemos que la información es poder", fue parte de lo manifestado por Rehnfeldt, durante una entrevista en Abc Cardinal.
Llamativamente, lo que en aquel entonces le pareció que le perjudicaba y que motivó la condena de Rehnfeldt, hoy le beneficia y es lo mismo que el medio de prensa al que pertenece viene haciendo actualmente, difundiendo escuchas telefónicas de conversaciones privadas entre las personas. Los audios, a los que accedió, tuvieron su impacto mediático-político, pero fueron realizados sin autorización judicial y carecen de validez jurídica. El medio protege su fuente de información amparado en la Constitución Nacional, pero cae en contradiciones y riñe con la ética, porque está visto que repudia una acción cuando le afecta y aplaude cuando le conviene.