El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, pidió permiso en el cargo hasta tanto con­cluyan las investigaciones en su contra por supuesto enri­quecimiento ilícito, según lo anunció él mismo anoche. La determinación la asumió horas antes de que la Cámara de Diputados se reuniera para resolver si impulsa o no el jui­cio político para destituirlo.

"Voy a solicitar permiso perti­nente mientras dure el tiempo de la investigación. Para que la ciudadanía tenga la segu­ridad que la investigación se realizará con la transparen­cia que se requiere y que los fiscales no se sientan presio­nados", afirmó en entrevista a través de radio Ñandutí. Refirió que "se dieron cier­tas circunstancias que final­mente conversando con la familia. Yo particularmente he tomado una determina­ción independientemente de lo que pase mañana".

Mencionó que la decisión la tomaba "en aras de la insti­tucionalidad del Ministerio Público, inclusive al pedido de mis compañeros, de la pre­sidenta Asociación de Agen­tes Fiscales y de los asisten­tes, dicen que estando yo al frente de la institución, las investigaciones que se pue­dan realizar en relación al supuesto enriquecimiento ilí­cito no tendría la confianza de la ciudadanía". "Quedará un fiscal adjunto como res­ponsable. Esa es la decisión pensada y tomada", agregó.

La Cámara de Diputados está convocada para las 10:00 de hoy, de modo a tratar el ini­cio del juicio político. Si bien en principio se aseguraban una base de 46 votos de los 53 necesarios, la tendencia era que pueda llegarse a la can­tidad con votos del bloque oficialista que esta mañana prevé reunirse a las 8:30.

"No le corresponde pedir permiso; él tenía que renunciar", afirmó el diputado colorado Óscar Tuma respecto a la licencia solicitada anoche por Javier Díaz Verón al cargo de fiscal general del Estado. Pun­tualizó que, de hecho, el mandato del titular del Ministerio Público "ya está fenecido desde hace tiempo".

El legislador de la disi­dencia republicana sos­tuvo que de igual manera la Cámara de Diputa­dos debe cumplir con la sesión a la que fue con­vocada por la Comisión Permanente del Con­greso para esta mañana a las 10:00 y tratar en ple­naria los cuestionamien­tos presentados en los libelos presentados en contra de Díaz Verón por diversos sectores inter­nos de la Cámara Baja.

Las causales para el inicio del juicio político que se le impu­tan al fiscal general Javier Díaz Verón son usurpación de cargo público por mandato fenecido, ya que no existe la reconducción tácita para el Ministerio Público; también mal desempeño de funcio­nes, por la persecución penal a inocentes, dejando de inves­tigar a otros en el caso incen­dio del Congreso y ataque a la sede del PLRA. Así también se lo acusa de enriquecimiento ilícito, durante el ejercicio de sus funciones, cabe recor­dar que el Ministerio Público cuenta con una carpeta abierta en este caso.

Algunos legisladores señalan que iniciar el juicio político se estaría "blanqueando" la situación de Díaz Verón con respecto a la reconducción tácita que no se contempla para el Ministerio Público.