Julio Alonso, representante legal del empresario José Ortiz, denunció ayer a personas innominadas, por prevaricato y otros delitos, ante la dudosa solicitud de cruce de llamadas de varias personas hecha a una empresa de telefonía.

El representante legal del empresario José Ortiz, abogado Julio Alonso, se presentó ayer en horas de la mañana al Minis­terio Público para presentar una denuncia penal contra personas innominadas. Los delitos que solicita que se investiguen son: prevaricato, producción de documentos no auténticos y persecución de inocente.

La presentación hecha por el representante legal del empresario guarda relación con el pedido de registros de llamadas y mensajes de texto de reconocidas personalida­des del país, especialmente del ámbito político, que supuesta­mente fue solicitado por la fis­cala Brígida Aguilar, de la Fis­calía de J. Augusto Saldívar, a la firma Telecel SA. El obje­tivo de la denuncia es escla­recer todos los hechos men­cionados.

"A la primera petición, la empresa telefónica remitió los datos completamente; en la segunda petición, se tuvo más cautela", señaló el letrado, durante una entre­vista con la 970 AM.

Atendiendo a que la fiscala Aguilar asegura que tanto su firma como los docu­mentos presentados a la empresa telefónica fueron adulterados, Alonso mani­festó que las personas que estarían detrás de los pedi­dos habrían creado una base de datos con la solicitud fis­cal, de una causa con hecho punible a determinar y per­sona innominada.

Añadió también, que los responsables habrían utili­zado una vía no idónea con el objetivo de acceder a la men­cionada base de datos de la empresa en cuestión, pero que finalmente se masificó lo que se habría conseguido de manera ilícita.

Con relación al número de teléfono que corresponde a su defendido, el jurista explicó que en la noche del 31 de marzo, como cualquier ciudadano preocupado por lo que estaba aconteciendo en las adyacencias del Con­greso Nacional, se comu­nicó con el comandante de la Policía.

"José Ortiz es amigo del Pre­sidente y de muchas perso­nas más porque es del sec­tor privado. También tiene una amistad del entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo", indicó el abogado.

Alonso solicitó al juez Alci­des Corbeta una copia autentificada del docu­mento que fue enviado a la empresa telefónica, sobre los registros de las llama­das solicitadas.

Por otro lado, la fiscala Brígida Aguilar, acusada de ser la responsable de enviar el pedido del cruce de llamadas y mensajes a la telefonía en cuestión, negó ser la autora del mismo, además de un segundo oficio fiscal por el cual se solicitó los mismos datos pero de distintas perso­nas, entre ellas fiscales, empresarios y políticos. Anteriormente, Aguilar ya había desmentido las acu­saciones en su contra, ale­gando que tanto el sello, la firma como el logo de la institución fueron falsi­ficados.

"La firma estampada en esta segunda nota tam­poco es mía, todo es fal­sificado", manifestó la fiscala durante una con­versación con periodistas de la 970 AM.

Reiteró además que Silvia Noelia Velázquez, nombre que aparece en la solici­tud remitida a la compa­ñía, como funcionaria de la Fiscalía, quien sería la responsable de retirar los datos peticionados, no pertenece a su unidad y que se debería verificar si es o no funcionaria del Ministerio Público.

La empresa telefónica ya había recibido otra nota con nombre, supuesta firma y sello de la fiscala Brígida Aguilar, el pasado 28 de noviembre, pero la firma respondió al pedido a través de un escrito en el que solicitaban más deta­lles para otorgar la infor­mación. La nota enviada por la empresa fue recibida por un funcionario de la Fiscalía de J. A. Saldívar.