La Cámara de Diputados aprobó ayer el pedido de desafuero del legislador Carlos Portillo, supuestamente involucrado en tráfico de influencias en el Poder Judicial. De esta manera, el diputado liberal podrá ser investigado por la Justicia en el proceso abierto por la supuesta comisión de hechos punibles de tráfico de influencias, soborno, cohecho pasivo y asociación criminal.
El parlamentario participó de la reunión y pidió a sus pares su desafuero porque se considera inocente. Portillo sostuvo que la Fiscalía y el Poder Judicial no son garantías por el momento que atraviesan ambas instituciones del Estado, pero decidió pedir su desafuero y ser sometido a la Justicia porque confía en que el pueblo paraguayo sabe distinguir entre la verdad y la mentira.
"Pido el apoyo de mis colegas para que aprueben mi desafuero. No tengo miedo de ser investigado, soy víctima de las calumnias de una persona, pero la verdad siempre sale a la luz", manifestó Portillo durante la sesión extraordinaria de la Cámara Baja.
De 59 diputados presentes, 57 votaron por el desafuero. En su mayoría los legisladores (del PLRA) se mostraron a favor de esto antes que de la pérdida de investidura. En tanto que se abstuvieron el colorado Marcial Lezcano y la liberal Ramonita Mendoza. El pedido fue remitido por la fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz, quien formuló la imputación y solicitó que el Juzgado Penal de Garantías requiera el desafuero del congresista. Ahora Portillo está a disposición de la Justicia para responder por los diversos cargos por los que fue imputado, tras conocerse las grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se lo escucha negociando cargos.
Antes del inicio de la extraordinaria, Portillo evitó responder sobre los audios. "Eso está en manos de mi abogado. Esto ya está en el ámbito jurídico y todas las cuestiones jurídicas pueden hablar con mi abogado", sostuvo el legislador del PLRA. Añadió que "nunca hizo nada malo" y que las acusaciones en su contra "tienen trasfondo político".
NO PERDIÓ INVESTIDURA
El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, manifestó que no corresponde la pérdida de investidura del legislador Carlos Portillo si no existe un pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sin antes terminar la investigación en su contra.
A su criterio, estos mismos argumentos se debían utilizar en el caso del exsenador Óscar González Daher, también implicado en el caso de audios filtrados en el JEM, que lo involucrarían en presuntos hechos de tráfico de influencias.
"Se debían agotar las instancias y que el pedido de pérdida de investidura debía venir una vez terminado el proceso de investigación y haya sido juzgado el diputado o el senador", agregó.