La meta de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) es completar ese número de casas en agosto del 2018. El gobierno ya invirtió en este rubro más de US$ 250 millones.

El gobierno de Hora­cio Cartes culminará su mandato con la construcción planificada de 36.000 viviendas para per­sonas de escasos recursos y de clase media, lo que sig­nifica todo un desafío para las nuevas autoridades que asumirán en agosto de este año, quienes deberán prever dentro del presupuesto una inversión superior a los US$ 260 millones para al menos igualar lo realizado hasta ahora.

Cifras proporcionadas a La Nación desde la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) revelan que el Estado cerró el 2017 con la construcción de 25.137 soluciones habitacionales. El monto invertido hasta noviembre de ese año (2017) fue de US$ 250 millones en la edificación de hogares, ade­más de unos US$ 17 millo­nes correspondientes a obras complementarias y de infraes­tructuras dentro de los con­juntos habitacionales.

Desde la cartera estatal con­firmaron que la meta de este gobierno es cerrar la gestión en el mes de agosto superando las 35.000 casas construidas.

Las familias beneficiadas corresponden a igual número de casas que fueron edificadas hasta el momento (25.137), provenientes de 159 localida­des de todos los departamen­tos del país. Esto significa un gran aporte por parte del actual gobierno en compara­ción con anteriores gobernan­tes, que solo dejaron deudas y viviendas a medio terminar.

Es importante mencionar que en el 2012 el déficit habi­tacional cuantitativo (aquel que requiere la construc­ción de una vivienda nueva) era de 173.731 viviendas y el déficit cualitativo (aquel que requiere el mejoramiento o ampliación de su vivienda) era de 1.241.015, según la publicación del Plan Nacio­nal de Hábitat y Vivienda del Paraguay (Planhavi). Con la gestión actual, estas cifras se redujeron notablemente de manera proporcional.

El Gobierno también centró su actuar en atender los sec­tores más vulnerables, como por ejemplo la zona norte del país. Así, en los departa­mentos de Concepción y San Pedro, área de influencia del grupo autodenominado Ejér­cito del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron construidas más de 5.400 viviendas popu­lares, siendo la inversión total en obras para ambos lugares –en cinco años de gobierno del presidente Cartes– más de US$ 60 millones.

Un total de 2.043 viviendas fueron construidas en el dis­trito de San Pedro. La inver­sión para las mismas fue de G. 138.235.634.428. Actual­mente están en plena ejecu­ción 16 proyectos equivalentes a 1.166 casas, que completarán 3.447 viviendas para los pobla­dores del Norte, con un total de G. 215.541.727.439 invertidos. Algunos de los distritos favo­recidos son: Arroyito, Azo­tey, Concepción, Horqueta, Loreto, Paso Barreto, San Lázaro, Sargento José Felix López e Yby Yaú.

En cuanto al departamento de Concepción, se cons­truirán 2.025 viviendas en quince localidades; para el efecto se determinó la suma de G. 124.164.8902.485. Un total de 1.169 casas ya están terminadas y habitadas por sus beneficiarios; para las mismas se invirtieron G. 73.935.268.393. Unas 18 viviendas, con un costo de G. 43.092.754.918, todavía se encuentran en ejecución y 138 en proceso de inicio.

Las localidades beneficia­das en este departamento son: Capiibary, Choré, General Resquín, Gua­yaibí, Itacurubí del Rosa­rio, Liberación, Nueva Ger­mania, Puerto Antequera, San Estanislao, San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Tacuatí, Yataity del Norte, Yrybu­cuá y Lima.

Con estos emprendimien­tos focalizados, el Gobierno apunta a una mayor presen­cia del Estado en las zonas más vulnerables de la sociedad. Varios entes estatales también se sumaron al proyecto, apor­tando trabajos para el mejora­miento de varios sectores de la zona, como los de salud, edu­cación y viales. Las inversiones han superado los 5 billones de guaraníes en diversos rubros.

Algunas de las entidades que se vieron fuertemente involu­cradas fueron: el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC), el Minis­terio de Educación y Cien­cias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habi­litación (CAH).

En comparación con los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y del ex obispo Fernando Lugo (2008- 2012), las cifras invertidas por el gobierno de Horacio Cartes son evidentemente superio­res, ya que entre ambos ex gobernantes y en 10 años de gestión, ni siquiera lograron terminar 7.000 viviendas.

Sin embargo, según manifes­taron desde la Senavitat, no existen datos exactos acerca de los números de soluciones habitacionales construidas por los gobiernos anteriores a este, pero por medio de docu­mentaciones de archivo se puede concluir que el prome­dio de edificaciones no supe­raba las 1.700 viviendas fina­lizadas cada año.

Tal es así, que el único dato ofi­cial con el que se cuenta de la era de Nicanor Duarte Frutos es el informe de gestión del 2003 al 2007, presentado por el ex Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi). En él men­cionan que unas 6.002 casas fueron construidas durante su período de gestión, pero cabe destacar que a la fecha de la presentación del mencionado informe, del total de la cifra presentada, solo 3.370 fueron finalizadas; las restantes, unas 2.632 viviendas, estaban aún en etapa de construcción.

Mientras tanto, lo que se conoce del gobierno de Lugo es que en su gestión se inició la construcción de más de 3.500 viviendas sociales, pero casi todas las obras fueron para­lizadas y abandonadas. El ex obispo trabajaba conjunta­mente con los ministros en la Senavitat: Gerardo Rolón Pose, Eliodoro Marecos y Hugo Núñez. Las obras for­maban parte de los progra­mas: "Pueblos Originarios", "Viviendas Económicas" y "Vy'a Renda".

Los representantes de la Sena­vitat habían manifestado y resaltado que reactivar una obra abandonada implicaba un trabajo mayor en compara­ción a iniciar una construcción desde el principio, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, jurídicos y financieros.

Confirmaron además que un equipo multidisciplinario está abocado al análisis de cada una de las obras que quedaron pen­dientes, la mayoría con míni­mos avances, como anticipos financieros del 50% abona­dos a las empresas y varias de ellas ya con demandas impul­sadas por la mencionada insti­tución en contra de las firmas que incumplieron el contrato con el ente estatal.