• Por Lourdes Torres Lugo
• Periodista
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El 2017 que acaba estuvo marcado por las grandes confrontaciones políticas, a partir de su condición de "año electoral", con las elecciones internas con miras a las generales que se avecinan para abril del 2018. Esta hostilidad política llegó a instancias del Poder Legislativo, donde se libraron constantes desavenencias para el momento de sentar posturas con respecto a temas que fueron tratados.

El año se inició con gran expectativa ante la inminente presentación del proyecto de enmienda de la Constitución Nacional para habilitar la figura de la reelección presidencial. Las ferias legislativas pasadas fueron bastantes agitadas, ante el constante "cháke enmienda", que no dejó sin vacaciones a los legisladores.

En medio de la discusión de que si era constitucional o no la enmienda para habilitar la reelección, aparecen las planillas de 360.000 firmas de apoyo. Sin embargo, a los pocos días surgían evidencias de rúbricas falsas, personas fallecidas, menores de edad, entre otras irregularidades. A la par, el Partido Colorado realizaba las caravanas "Que la gente decida" en las principales cabeceras departamentales, con masivas movilizaciones alentando la reelección del presidente Horacio Cartes.

EXPLOSIVOS EMOTICONES

Poco después saltaba a la luz un supuesto plan de atentar contra el Ejecutivo, revelado a través de un grupo de WhatsApp entre senadores de la oposición y disidencia. El detonante fueron los emoticones de "bomba" en mensajes en los que la senadora Desirée Masi preguntaba al entonces presidente del Congreso, Roberto Acevedo, cuánto cuesta "un sicario de medio pelo" (asesino barato), teniendo en cuenta que el legislador es de zona fronteriza y tendría conocimiento de las tarifas. La misma fue denunciada por Luis Canillas por tramar un plan para asesinar al presidente de la República.

A FUEGO Y SANGRE

Con el reinicio de las actividades legislativas, la controversia por la reelección llegó a su punto más álgido la última semana de marzo. Senadores de la oposición y la disidencia se atrincheraron en la presidencia de la Cámara Alta, a fin de evitar que el vicepresidente segundo de entonces Julio César Velázquez –estaba a favor– tomara el timón y llevara el barco a aguas favorables para la aprobación del polémico proyecto.

El martes 28 de marzo, en una atípica sesión extraordinaria, senadores proenmienda (oficialistas, luguistas, llanistas y oviedistas) modificaron el reglamento interno; en una sesión paralela cambiaron tres artículos del reglamento interno, con celeridad pocas veces vista, y allanaron el camino para presentar el proyecto de enmienda constitucional.

Tres días después, el 31 de marzo (31M), quedaría marcado a fuego y sangre. Parecía un viernes tranquilo luego de una agitada semana. Los funcionarios del Senado se preparaban para retirarse, cuando subrepticiamente se dio entrada al proyecto de enmienda y el pedido de urgente extraordinaria.

Sin embargo, Acevedo no hizo lugar al pedido y anunció que retendría la presentación de la iniciativa al pleno hasta el 25 de agosto. Los proenmienda se reunieron nuevamente en la bancada del FG, donde a puertas cerradas aprobaron el polémico proyecto.

Esto generó la inmediata movilización ciudadana encabezada por líderes del Partido Liberal, que llegaron al Congreso. Por el camino se enfrentaron con la Policía Nacional, donde fue herido de gravedad el diputado Édgar Acosta. La manifestación fue creciendo en número y en medio de la confusión por el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, estos se vieron sobrepasados y abandonaron el edificio del Congreso. Situación que fue aprovechada por la muchedumbre, que atacó la sede legislativa rompiendo todo a su paso e incendiando parte del edificio.

El enfrentamiento y el caos se extendieron por el microcentro, el vandalismo se apoderó de varias instituciones públicas y locales privados. Pasada la medianoche, jóvenes que se refugiaron en el local del Parido Liberal fueron atacados por un grupo de policías que irrumpió en la sede partidaria y con disparos a mansalva hirieron de muerte al joven Rodrigo Quintana. Este hecho marcó de negro lo que algunos pasaban a llamar el "Segundo Marzo Paraguayo".

Tras estos hechos, fue difícil para el Senado retomar sus actividades legislativas, no solo porque sus dependencias estaban destruidas, sino por el encendido ambiente político, que costó para que el plenario volviera a sesionar con normalidad.

La división entre los legisladores proenmienda se mantuvo en implícito pacto que llevó a Fernando Lugo a ser electo como titular del Congreso Nacional. En una caldeada sesión extraordinaria, los disidentes y opositores tuvieron fuertes altercados con los oficialistas y luguistas, que votaron por el ex mandatario para que ocupe nuevamente la presidencia de uno de los tres poderes del Estado.

CONDONACIÓN Y OTROS PROYECTOS

A Lugo le tocó atender la crisis campesina, que llevó a una movilización por varias semanas en el microcentro exigiendo la condonación de sus deudas, y tras largas negociaciones, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Agropecuaria, vetada por el Ejecutivo y ratificada por el Poder Legislativo, que puso en vigencia la polémica normativa.

También se logró la aprobación de polémicos proyectos, como el Impuesto al Tabaco, que actualmente está en la cancha de la Cámara de Diputados; así como el Impuesto a la Soja, aunque esta normativa aún falta su tratamiento en particular para una aprobación completa del Senado.

El Congreso logró también con duros cuestionamientos la sanción de la catarata de pedidos de ampliaciones presupuestarias que orillaron el centenar de proyectos presentados por el Ejecutivo.

SIN ACUERDO PARA FGE

En medio de toda esta convulsión política que ha tenido enfrentados no solo a la oposición con el oficialismo, sino una marcada división dentro del Partido Colorado, se llevó adelante el concurso para la elección del fiscal general del Estado, cuyo mandato había fenecido en noviembre del 2016. La terna quedó constituida con los fiscales Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y Victoria Acuña. Finalmente, el Ejecutivo optó por la fiscal de Antisecuestro.

Hasta la fecha, el Senado no ha otorgado el acuerdo constitucional cuyo vencimiento fue el 20 de noviembre debido a las confrontaciones políticas, no llegan a un consenso ni para aceptar ni para rechazar la designación de Quiñónez.

INTERNAS SIMULTÁNEAS

La crisis política en el Congreso Nacional se volvió más agitada a medida que se aproximaban las elecciones internas que se realizaron el 17 de diciembre. La crispación en ambos partidos políticos de mayor importancia fue la constante, y con el pasar de los días se fue incrementando. Tanto que, en más de una ocasión, llegó a afectar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de ambas cámaras con la falta de quórum, lo que llevó a la sanción ficta de muchos proyectos legislativos.

EL "AUDIOGATE"

Cuando parecía que toda agitación desaparecería con las internas, hubo un inesperado giro a partir de la divulgación de grabaciones de conversaciones telefónicas que dejaban al descubierto parte de la podredumbre de la Justicia, con el presunto tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En consecuencia, por primera vez en la historia, se aplicó la figura de la pérdida de investidura. La "estrenó" el senador Óscar González Daher, quien ya forzado había dejado de ser presidente del JEM. Su colega Jorge Oviedo Matto, otro involucrado, renunció. Los reemplazaron Víctor Hugo Paniagua (ANR) y Ana María Palacios (Unace), respectivamente.

Estos ex legisladores fueron imputados por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva fueron procesados por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias. Mientras que el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de asociación criminal y cohecho pasivo.

Un año que acaba con el suspenso como en las mejores series, con la diferencia que esta vez es real y lo que se juega no es el rating, sino el futuro de un país.