Miriam Arroquia fue una de las "recomendadas" de Petta, quien finalmente fue imputada por cobrar dos salarios del Estado; como titular de la Caminera, dejó mucho que desear.

Eduardo Petta San Martín, precandidato a gobernador por el Departamento Central, está acostumbrado a presentarse ante la sociedad como una de las figuras políticas más transparentes, sosteniéndose en denuncias por supuestos hechos de corrupción que había hecho en su momento. Sin embargo, detrás de esa imagen de impoluto están camufladas sus verdaderas intenciones y un oscuro pasado.

Uno de los casos más recientes es el de Miriam Arroquia, la recomendada del senador que fue imputada por cobro indebido de honorarios, luego de comprobarse que la misma percibía dos salarios del Estado, uno en la Cámara de Senadores y otro en la Municipalidad de Asunción. El escándalo ocurrió a inicios del 2016, luego de su designación como directora interina de Recursos Humanos del Congreso, por parte del entonces presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, a lo que los funcionarios de dicha institución se opusieron rotundamente.

En conversación con Radio Uno, Arroquia confesó que efectivamente tenía un vínculo muy cercano con Petta y que además había sido él quien la recomendó y ubicó no en uno, sino en varios cargos públicos.

"Fue el senador Petta quien pidió por mí", dijo la mujer al ser consultada sobre cómo llegó a parar a la Cámara de Senadores. "Toda mi vida está ligada, con mucho respeto, al senador Petta", dijo en otras de sus declaraciones.

Lo resaltante de todo esto, es que para que Arroquia ocupara el cargo, Marito debió destituir a Arturo Lombardo, quien llevaba años en el puesto, alegando que el funcionario no era de confianza, pero tras las declaraciones de la mujer, se puede presumir que la intención real fue ascender a la protegida de Petta.

La gestión de Eduardo Petta a cargo de la Policía Caminera, (actual Patrulla Caminera), también fue duramente cuestionada, esto en vista que la Contraloría General de la República (CGR) había detectado millonarios faltantes, entre otras irregularidades que no llegaron al Ministerio Público. Estos superarían los G. 7.200 millones, que nunca fueron justificados, dicho monto pertenecería a cobros de multas, combustibles y obras inconclusas.

La auditoría realizada por la contraloría corresponde a la gestión del ejercicio fiscal 2009, las conclusiones finalizaron en agosto del 2010 y el informe fue firmado por 18 auditores que realizaron las verificaciones de gastos.

El documento presentado, menciona entre otras cosas, que fueron halladas multas que nunca se habían cobrado, equivalente a un total de G. 2.248.954.000. Estas corresponderían a más de 10 mil boletas expedidas en varias localidades del país.

El informe no trascendió, ya que Petta una vez más habría utilizado sus "fuertes influencias" con el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, quien supuestamente a cambio de "favores" políticos, habría conseguido que el contralor en aquel entonces Octavio Augusto Airaldi, archivara los documentos, encubriendo de esta manera al actual candidato a gobernador y evitando que este respondiera sobre dónde fue a parar el dinero perteneciente al Estado.