Desde que bajo la vigen­cia de la nueva Cons­titución Nacional (promulgada en 1992), en 1995 fuera designado el primer fis­cal general del Estado, Aníbal Cabrera Verón, siempre se ha cumplido con el mismo pro­cedimiento y plazos que esta­blece la Carta Magna.

Sin embargo, que hoy en día la Cámara de Senadores incum­ple con este procedimiento y en una decisión sin preceden­tes ha dejado en suspenso la confirmación de la candidata elegida por el presidente de la República para asumir al frente del Ministerio Público. La situación posterga que Sandra Quiñónez ocupe la titularidad que por el prin­cipio de reconducción debe seguir ejerciendo Javier Díaz Verón, pese a que su mandato ya feneció hace un año.

El derrocamiento de la dic­tadura de Alfredo Stroessner sorprendió en el cargo de fis­cal general a Clotildo Gimé­nez. Tras el advenimiento de la democracia, Andrés Rodrí­guez designó a Diógenes Mar­tínez, a quien luego sucedió Luis Escobar Faella. Hasta entonces, el fiscal general era designado directamente por el presidente de la Repú­blica.

De hecho, el Consejo de la Magistratura apareció recién con la Carta Magna del 92. No solo eso, el cargo tenía atribuciones distintas, un rol mucho más pasivo en los jui­cios. La implementación de la reforma judicial marcada por la nueva Constitución para los siguientes años tuvo en Aní­bal Cabrera Verón -fallecido en agosto pasado- al primer fiscal general del nuevo orde­namiento.

De ahí en adelante, los relevos habrían de darse son las discusiones propias del caso, pero siempre res­petando la atribución cons­titucional de que el Presi­dente eligiera. Había sido así hasta ahora, con Óscar Lato­rre, Rubén Candia Amarilla y Javier Díaz Verón.

Ahora se deberá aguardar que exista voluntad de los parlamentarios para que se vuelva a convocar para su tra­tamiento. Primero, voluntad de dar quórum para su trata­miento en plenario y luego aceptar o rechazar la desig­nación del Ejecutivo.

Así también llama la atención que varios senadores, que en el pasado acompañaron y abogaron por candidatos sobre quienes pesaban varias denuncias por hechos ilícitos, hoy rechazan la candidatura de la fiscala Quiñónez, de intachable foja profesional.

Fue el primer fiscal general designado bajo la vigencia de la nueva Constitución Nacional (1992), que permitió el punto de partida para la reforma del sistema de Administración de la Justicia Penal, y con ello un Programa Constitucional de la República, en cuyo marco se redefinen los roles y funciones de la Corte Suprema de Justicia, compatibles con un sistema democrático de Gobierno.

La Fiscalía General del Estado promovió la redacción de los proyectos de Código Penal, aprobado en 1997, del Código Procesal Penal, aprobado en 1998 y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada en el año 2000, leyes que implicaron cambios muy profundos y siguen vigentes en la actualidad. Su mandato duró 5 años hasta que fue electo su sucesor.

Una mayoría oficialista del Senado votó a favor de Latorre como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Cabrera Verón. Durante una sesión extraordinaria y secreta, que había sido convocada en forma presurosa para confirmar al nuevo funcionario. A esta convocatoria los opositores se habían rehusado a asistir, y la sesión se realizó con el quórum ajustado.

El nombre de Latorre integraba la terna presentada al Gobierno por el Consejo de la Magistratura con los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, ante la finalización del periodo en el cargo de Aníbal Cabrera Verón. La terna estaba integrada por Latorre, Linneo Insfrán y el juez Jorge Bogarín, encargado de la causa del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, ocurrido el 23 de marzo de 1999.

A pesar de los calificativos como "cuasidelincuente", "traficante de sentencias", "mafioso" y las revelaciones sobre su defensa del narcotraficante César Cantero Escurra, entre otras acusaciones no evitó que el Senado le otorgue el acuerdo para que Candia Amarilla sea designado fiscal general del Estado, durante el gobierno de Duarte Frutos.

Juan Carlos Galaverna, entonces líder de la bancada oficialista, abogó por el acuerdo para Candia, señalando que "cumplía con los requisitos legales y constitucionales". Rechazó declaraciones del entonces ministro de la Corte José Altamirano, en el sentido de que Candia había sido impuesto por Nicanor, acusando de paso al magistrado de seguir liderando su estudio de abogado.

En una polémica sesión extraordinaria convocada el 17 de noviembre del 2011, un grupo de 24 senadores había otorgado el acuerdo constitucional para Javier Díaz Verón. Aquellos que no acudieron llegaron incluso a descalificar la decisión por tener visos e ilegalidad. Dado que una sesión previa, que fue dirigida por el entonces titular de la Cámara Alta, Jorge Oviedo Matto, había levantado la plenaria, cuando esta quedó sin quórum.

Luego de que se suspendiera la sesión, se convocó a una extraordinaria a la que asistieron 24 de los 45 senadores y que fue presidida el liberal Ramón Gómez Verlangieri. Díaz Verón fue el candidato que escogió el presidente de la República, Fernando Lugo, de la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura. Fue fiscal adjunto y está afiliado al Partido Colorado.

Hasta la fecha la Cámara de Senadores no prestó el acuerdo constitucional para la fiscala elegida, Sandra Quiñónez, por el presidente de la República, Horacio Cartes. Algunos legisladores argumentan que no es el momento político para dar tratamiento al pedido así como otros cuestionan la legalidad de la terna realizada por el Consejo de la Magistratura.

El pasado 20 de noviembre venció el plazo constitucional para su tratamiento y según manifestaciones de los parlamentarios esperarán hasta luego de las internas partidarias para dar tratamiento a la propuesta y escoger al nuevo fiscal general del Estado. Por primera vez la Cámara de Senadores demora tanto tiempo para la designación de un titular del Ministerio Público.