La binacional podría pagar la millonaria suma de US$ 290.000 por las negligencias de los abogados Dionicio Velázquez, hijo del diputado Hugo Velázquez, y de Hugo Solaeche, candidato a diputado por el movimiento de Nicanor.

Los abogados Dionicio Velázquez (hijo del diputado Hugo Veláz­quez, precandidato a la Vice­presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete), Hugo César Solae­che (candidato a diputado por el movimiento Progresista Colorado) y Alberto Ramírez encaminan para que la enti­dad binacional Itaipú esté a punto de perder una millo­naria demanda de G. 1.500 millones.

De acuerdo a los datos obte­nidos el 4 de mayo del 2016, Roberto de Souza inició una demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la binacional porque supues­tamente no fue indemnizado por sus tierras. El accionante reclama la suma de G. 1.500 millones, que al cambio serían unos US$ 290.000.

Asimismo, en fecha 4 de julio del 2016, los citados asesores legales de la Itaipú contesta­ron la demanda iniciada por De Souza y a su vez promo­vieron un juicio de reconven­ción por nulidad de título con­tra De Souza. Dicha demanda no fue notificada por los abo­gados Velázquez, Solaeche y Ramírez, y es por ello que Ricardo Balestrín, repre­sentante legal de Roberto de Souza, promovió un incidente de caducidad por falta de noti­ficación.

Las actuaciones dudosas en el presente juicio del hijo de Velázquez, Solaeche y Ramírez facilitaron el camino para que el abogado De Souza pueda ganar fácilmente la demanda.

El abogado Julio Ernesto Sánchez solicitó intervención como representante legal de la Itaipú Binacional y en fecha 17 de noviembre pidió en el juicio, caratulado "Roberto de Souza André contra Itaipú Binacio­nal s/ Indemnización de Daños y Perjuicios por expropiación", rechazar el incidente de cadu­cidad que promovió De Souza.

El escrito del citado profesio­nal de la binacional dice "esta representación estima que no corresponde decretar la cadu­cidad de la instancia, puesto que está vigente la suspensión decretada por disposición judi­cial, según providencia del 6 de marzo del 2017". Agrega que "hasta la fecha, el plazo sus­pendido sigue vigente, razón por la cual el pedido de la parte actora es improcedente".

La jueza en lo Civil y Comercial del 9º turno, Mafalda Cáme­ron, se encuentra analizando si hace lugar o rechaza el inci­dente de caducidad promovido por De Souza. En caso de que se haga lugar al pedido hecho por De Souza, los asesores de la entidad tienen la posibilidad de apelar al fallo ante el Tribunal de Apelación en lo Civil. Misma situación la pueden presentar los abogados de De Souza.

Dionicio Adalberto Veláz­quez, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Patrimonio Inmobiliario de la Itaipú, fue destituido de su cargo. La determinación fue dispuesta por los titula­res de la binacional Luis Fer­nando Leone, director gene­ral del lado brasileño, y James Spalding, director general del lado paraguayo. Asumió en su reemplazo Julio Ernesto Sánchez.

Asimismo, las autoridades de la binacional deben iniciar un sumario contra Velázquez por su sospechosa actuación en el juicio tramitado en el fuero civil de la capital.

Si la binacional es condenada a pagar la suma de US$ 290.000 por las negligencias de los abo­gados Velázquez, Solaeche y Ramírez, puede iniciar una demanda contra los profe­sionales del derecho.

Es así que ya la Justicia tiene antecedentes de condenas contra abogados que por negligencia han perdido jui­cios e incidentes de caducidad. Uno de los casos más recien­tes es la del abogado Jorge Vicente Amarilla, quien fue demandado y condenado en primera y segunda instancia a pagar un poco más de G. 10 millones a su cliente por per­mitir la caducidad de un jui­cio civil.

En el mencionado caso, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, integrado por Alejandrino Cuevas, Lin­neo Ynsfrán y Carmelo Cas­tiglioni, confirmó la condena contra el profesional del dere­cho por haber permitido cadu­car un juicio ejecutivo donde se pretendía reclamar sumas de dinero a favor de la coope­rativa Santísimo Redentor. La resolución judicial deja un precedente importante, debido a que en muchos casos un abogado pierde un juicio civil por su propia negligencia.

De acuerdo a los anteceden­tes del caso, el abogado Ger­vacio Orué, en representación de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito y Servi­cios Santísimo Redentor, demandó al abogado Jorge Vicente Amarilla Gómez por daños y perjuicios derivados en la declaración de caduci­dad decretada en un juicio en el que la cooperativa otorgó un poder general para realizar el cobro compulsivo en un juicio ejecutivo.

La caducidad de instancia se decretó porque no se impulsó el juicio civil dentro del plazo establecido en la ley, situación que generó cargar con los gas­tos del juicio perdido.