El nuevo abogado del Estado anunció el mismo esquema de trabajo instalado por su antecesor.

• Por LOURDES TORRES LUGO
• lourdes.torres@gruponacion.com.py

Francisco José Barrio­canal Arias asumió el cargo de procurador general de la República hace menos de un mes. Conversó con La Nación respecto a sus expectativas con la institución y resaltó que el proyecto prin­cipal es continuar con la misma línea de trabajo iniciada por su antecesor, Roberto Moreno, de custodiar los recursos del Estado. Resaltó el objetivo de continuar con las capacitacio­nes de los abogados del Estado para que asuman con patrio­tismo la defensa de los bienes nacionales.

–La idea principal que tenemos es continuar con el proceso de solidificación institucional que se inició, sobre todo en los últi­mos 4 años. La Procuraduría es una institución relativamente nueva, que se inauguró con la Constitución de 1992 y pasó por muchas transformaciones en los últimos años. Nuestra inten­ción ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, es continuar con el mismo esquema de trabajo, continuar con los mismos sis­temas, con el mismo proceso y, sobre todo, con la misma gente.

–A nivel interno, nosotros habíamos logrado hace unos años, la certificación de cali­dad de nuestro servicio jurídico; queremos continuar con esos estándares de calidad, y mante­ner la certificación. Seguiremos capacitando a los funcionarios públicos, hay muchos que son becados en el país, como en el exterior. También pondremos énfasis en la necesidad de que los sistemas de control de los procesos judiciales que inter­venimos, sean más eficientes, para evitar perder juicio por falta de seguimiento, que feliz­mente ya no ocurre. A partir de ahí, enfocarnos en los proble­mas más puntales, en los jui­cios que están compuestos en reclamos más grandes, o que son más sensibles en función a impacto mediático, o posi­bles daños que pueda sufrir el Estado, como consecuencia de que un proceso grande termine con un resultado contrario.

–Este fue un caso que se tramitó en estrados judiciales interna­cionales, actualmente no tene­mos uno en que la Procuradu­ría se encuentre a cargo en el ámbito internacional. Hay uno en la Argentina, pero que esta­mos en vía de solución, también existe otro caso, pero en la que nosotros como Procuraduría no tenemos una directa interven­ción, que es el caso de PDVSA, que está en Francia. A nivel local, existen muchos casos, que en términos de cuantía son casi tan importantes como lo fue el de Gramont Berres.

–La institución es chica, nues­tro presupuesto no es muy importante, tenemos unos 120 funcionarios y nuestros princi­pales "gastos" son lo atinente a la absorción de costos de los juicios procesales. Invertimos en la capacitación de nuestros funcionarios, vamos a con­tinuar siempre que nos per­mita el presupuesto que nos apruebe el Congreso. Segui­remos con la capacitación interna, de carrera, de forma tal que los funcionarios pue­dan continuar con su forma­ción académica y luego puedan reinvertir sus conocimientos en la institución, y en el país. El presupuesto de la PGR en 2017 fue G. 17.900.000.000. Actual­mente está en tratamiento en el Congreso, pero ya fue objeto de reducciones, y está por debajo de lo presupuestado este año.

–Hoy en día la mayoría de nuestros dictámenes, desde el 2011, son congruentes con los pronunciamientos de la Defensoría. Sin embargo, ocasionalmente se produ­cen algunas resoluciones de la Defensoría que contra­dice nuestra opinión. Ahí se genera un problema nuevo, actualmente el Ministerio de Hacienda, atendiendo lo que dice la Ley del 2011, de que los dictámenes de la Procuradu­ría son vinculantes, deniega los pagos. Entonces se abre un nuevo frente problemático.

–Sí, cada vez menos. Los expe­dientes de la Defensoría que hoy tenemos son muy infe­riores a lo que eran en el 2013, cuando comenzó a moverse esto por efecto de la ley. Durante la gestión del anterior procurador, coincidente con la sanción de la ley, ahí comenzó este proceso de indemnizar a las víctimas, entonces había como 4.000 expedientes, hoy en día el flujo es mucho menor, pero siguen apareciendo nue­vas solicitudes. La cantidad de dictámenes de Defenso­ría emitidos por la PGR es de 15.368, desde que entró en vigencia la primera ley hasta hoy. En tanto que, los pedidos de Defensoría para dictamen de PGR en 2017, son 228, de enero a hoy.

–¿Cuál es la expectativa que tiene con respecto al funcio­namiento de la Procuradu­ría, ahora que asume la con­ducción de la misma?

–Nuestra expectativa que tiene que ver con nuestra principal función, que es atender los pro­cesos judiciales del Estado, que tenemos más de 5.200 juicios activos en trámite. Tenemos el firme propósito de seguir gene­rando el ahorro para el Estado.

–Desde agosto del 2013, el Estado ahorró más de G. 4 billo­nes, que sería unos US$ 700 millones, y tenemos el come­tido de continuar en esa misma línea. Otro de los objetivos que tenemos es que la Procuraduría se estuvo involucrando mucho en los casos en que el Estado ha sido víctima de funcionarios infieles o de conciertos armados para estafar al Estado. Nosotros estamos controlando las inves­tigaciones fiscales, y tratando que todos esos casos lleguen a ser elevados a juicio oral de todas esas causas, en función de que el Estado pueda ser repa­rado en forma integral.

–Sí, hay varios; ahora estamos intentando elevar un caso, pero en la que conviene por ahora reservar los nombres, por cues­tión del proceso. Hay casos con condenas y otras en proceso.

Abogado desde el 2004, egresado de la Universidad Católica de Asunción.

Especialista en Derecho Civil. Galardonado con la medalla "Alfonso Caso", de la Uni­versidad Nacional Autónoma de México.

Curso de especialización en Técnica Legislativa, 2007, UCA/CEDEP.

Curso de especialización en Didáctica Universitaria con énfasis en la enseñanza de las ciencias jurídicas, 2008, UCA.

Ejerció la profesión en los estudios jurídicos Moreno Ruffinelli & Asociados, BD Abogados, Barriocanal & Aso­ciados.

Asesor legal de la Procura­duría General de la República (2013-2017).

Docente Universitario en la UCA y UNA.

Autor de obras jurídicas y de numerosos artículos en revis­tas jurídicas especializadas nacionales y extranjeras.