Los educadores Antonio Moroni y María Bogado se presentaron ante el Ministerio Público con el abogado Carlos Amarilla, quienes piden una minuciosa investigación.

Silvio Piris, presi­dente de la Federa­ción de Educadores del Paraguay (FEP) y de la Asociación de Educado­res del Paraná (AEP), fue denunciado ante el Ministe­rio Público por los delitos de estafa y usura, por dos de los ocho docentes que aseguran haber sido víctimas del diri­gente sindical. La denuncia por los mismos hechos puni­bles fue formulada también en contra del tesorero de la AEP, Rafael Sotelo, quien aparentemente sería socio de Piris en todo el esquema delictivo.

Los denunciantes Antonio Moroni y María Bogado acu­dieron a la unidad 10 de la Fiscalía de Encarnación, en compañía de su defensor, el abogado Carlos Amari­lla, quien solicitó la aper­tura de una carpeta fiscal para investigar los hechos denunciados, además, de algunas diligencias espe­cíficas para demostrar si existieron o no los delitos mencionados. La suma total de la supuesta estafa a los ocho educadores supera los G. 300 millones, de los cua­les G. 62 millones pertene­cen a Moroni y Bogado.

"Esperamos una pronta acción por parte de la Fis­calía, ya que hablamos de la duplicación de deudas de los docentes. Hablamos de la constitución de los hechos de estafa y de usura. Noso­tros esperamos que la Fis­calía impulse esta inves­tigación y al realizar las diligencias también sabre­mos si hay más docentes que fueron víctimas de este sis­tema que vienen aplicando en esta Asociación ", dijo el abogado Carlos Amarilla.

Hace un mes, los educadores se reunieron con la fiscala Teresa Sosa, quien les ase­soró en sus casos. Los demás afectados son: José Villar, Virginia González, Luis Alberto Capurro y Aurora González.

Silvio Piris asumió la presi­dencia de la AEP en el año 2008, allí encontró gran can­tidad de pagarés en blanco que los socios firmaron a la anterior administración para acceder a créditos bancarios, pero nunca lo reclamaron.

Presumiblemente, Sil­vio Piris y Rafael Sotelo habrían rellenado los paga­rés con montos millonarios de entre G. 10 millones y G. 100 millones, para ejecutar­los y cobrarlos judicialmente para sus propios beneficios, a pesar de que los créditos ya fueron cancelados años atrás.

Desde que Piris asumió la presidencia de la Aso, su nivel económico tuvo un elevado crecimiento, su estilo de vida cambió repentinamente, ya que de estar viviendo en una pieza alquilada y andar en motocicleta, pasó a tener un lujoso chalet en uno de los barrios más populosos de la ciudad.

Además, se hizo de lujosos vehículos, propieda­des en distintos puntos del país y montó un moderno centro de belleza para su esposa, con equipamiento de primer nivel, en un terreno que compró al contado exclu­sivamente para ese fin. La cantidad de bienes que posee (y que llamativamente está bajo prestanombres), es inva­luable. Lo que sí está claro es que su salario como docente apenas alcanza G. 6 millones.

Además de estos hechos, el dirigente habría utilizado los datos de los docentes para solicitar créditos, sin ninguna solicitud firmada por los titulares. Aparen­temente, el dinero lo uti­lizó para cubrir millonarios faltantes dentro de la Aso­ciación de Educadores del Paraná, utilizados para sus propios intereses. La urgen­cia de reponer el dinero era mayor, ya que hoy se llevará a cabo la asamblea en la que designarán a un nuevo presi­dente para la Aso y por ende, deberá presentar un balance general de la situación eco­nómica del ente.

No es la primera denuncia contra Silvio Piris. En el 2010 fue querellado por falsifica­ción de firmas. El hecho fue comprobado y debió pagar G. 11 millones a la denun­ciante para reparar el daño. Fue denunciado también por producción de documentos no auténticos en el 2015 y una demanda por prestación ali­mentaria en el 2005. La jueza Yenni Chaparro también debe admitir una querella en su contra por desconoci­miento de firma.