El ministro de la Secre­taría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, adelantó que luego de la revisión de la lista de bene­ficiarios de la asistencia del Gobierno Nacional, en el marco de la Ley Ley 5.868/17, que declara en Emergen­cia Nacional la Agricultura Familiar Campesina, se rei­niciará la distribución de los kits de alimentos, conforme el nuevo listado consensuado.

Indicó que tras el acuerdo entre el ministro de Agri­cultura y Ganadería, Mar­cos Medina, y representantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), para volver a revisar el listado presentado por la organiza­ción, se tendrá que parar la distribución de los víveres, básicamente porque no quie­ren entregar a ciegas y sin un pleno acuerdo.

"La Secretaría de Emergencia va a permanecer alerta hasta tanto el Ministerio de Agri­cultura vaya remitiendo las listas consensuales y las prio­ridades en distritos para reini­ciar nuevamente el proceso de entrega. (…) En la medida que haya consenso, la Secretaría tiene condiciones ya de iniciar inmediatamente el proceso de entrega", reveló ayer Roa.

Mañana se inicia la audito­ria a la lista presentada por los miembros de la CNI ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), proceso del cual también participarán representantes de la Organi­zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri­cultura (FAO), Instituto Intera­mericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y repre­sentantes campesinos para dar participación a todos los secto­res y transparentar el proceso. Desde el Gobierno Nacional la postura es firme en no entre­gar la asistencia alimentaria, agrícola y refinanciación de las deudas, a personas que no figu­ran como pequeños agriculto­res en el Registro Nacional del Beneficiario (Renabe), ya que el objetivo es evitar que personas no vinculadas con el sector sean beneficiadas con la asistencia del Gobierno.

Según la primera inspección del MAG, en el listado presen­tado por la CNI se constató la presencia de 223 menores de edad, 269 personas con orden de captura, 53 difuntos, 368 funcionarios públicos y 35.718 personas no inscriptas en el Renabe. Sin embargo sí se incluyó a unas 18.000 fami­lias que sí cumplían con todos los requerimientos para reci­bir la asistencia.