La lucha armada del grupo terrorista avanzó sin freno en los gobiernos de Duarte Frutos, González Macchi y Lugo, cuya industria del secuestro le permitió hacerse con casi US$ 2 millones en poco tiempo.

La incursión del auto­denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) empezó tímidamente durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, con el intento de asalto a una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Choré (1997), pero se consolidó como brazo armado con los secuestros más lucrativos de la historia del país bajo los mandatos de Luis Ángel González Macchi, Nicanor Duarte Frutos y Fer­nando Lugo.

Los dos últimos ex presidentes, que gobernaron en los perío­dos 2003-2008 y 2008-2012, respectivamente, demostra­ron escasa voluntad política, pudiendo haber extirpado de raíz el problema cuando el grupo terrorista era una pequeña célula. Sin embargo, poco o nada se esforzaron por detener a la banda, hicieron la vista gorda y dejaron una pesada herencia al gobierno de Horacio Cartes.

La administración Cartes se encontró con una tarea mucho más difícil de combate a un grupo criminal, ya que éste amplió su campo de acción y se encuentra hoy mejor estruc­turado en hombres, armas y dinero, gracias a la "industria del secuestro" y la extorsión mediante "impuestos".

Los datos consignan que en 1995, el gobierno de Wasmosy detectó grupos subversivos en la zona norte del país. Luego se sabría que esas personas esta­ban siendo adiestradas en el norte del país por militantes del Movimiento Patria Libre, sector político de ideología marxista liderado por Juan Arrom y Anuncio Martí. En marzo del año 1995, Wasmosy ya advirtió durante una visita oficial a Copenhague, Dina­marca, que detectaron "un grupo ideologizado" en la zona norte del país.

Dos años más tarde, la Policía Nacional abortó un millonario asalto a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), en Choré. Se trataba del pri­mer "golpe" planificado por el EPP, que tenía por finalidad recaudar fondos para soste­ner al grupo y preparar pos­teriores ataques. En esa oca­sión, seis de los miembros terminaron presos durante dos años, entre ellos Alcides Oviedo y Carmen Villalba, los principales líderes. Se trataba de activistas del Movimiento Patria Libre que se despren­dieron para formar el EPP.

Tras salir de la cárcel, los inte­grantes de la banda criminal llevaron a cabo su primer golpe exitoso: el secuestro de María Edith Bordón, el 16 de noviem­bre de 2001, por cuyo rescate se pagó un millón de dólares, según la versión oficial. Del plagio también participaron Juan Arron y Anuncio Martí, actualmente refugiados en Brasil. Era el inicio de la lucha armada, durante la era de Luis María González Macchi, quien gobernó de 1999 a 2003.

El proceso de formación del EPP se afianzó bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), en que uno de los episodios más significati­vos fue el secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), ocu­rrido el 21 de setiembre de 2004. Pese al pago de un res­cate de US$ 300.000 dólares, la joven fue encontrada muerta en una vivienda de Ñemby, el 16 de febrero de 2005. Los medios reportaron en ese entonces que los captores habían solicitado el pago de entre US$ 3 y US$ 5 millones.

Pocos años después, se pro­dujo un ataque sin preceden­tes a la subcomisaría de Hugua Ñandu, el 16 de abril de 2008. Tres meses después, el 31 de julio de 2008, se concretaba el segundo secuestro de la era Duarte Frutos, con el rapto del ganadero Luis Lindstron. Por su liberación la familia tuvo que desembolsar US$ 130.000. En agosto de ese año, Fernando Lugo asume la Presidencia y el 12 de setiembre de 2008 Linds­trom es liberado.

El 15 de octubre de 2009, durante la gestión de Fer­nando Lugo, se produce otro rapto, el del ganadero Fidel Zavala, cuya libertad tuvo un costo de US$ 550.000, siem­pre según la versión oficial.

Cabe destacar que durante el gobierno de Fernando Lugo (2008/2012) y su sucesor Federico Franco (2012/2013), el Congreso Nacional reforzó la asignación presupuestaria para la lucha contra el grupo delincuencial, pero con pocos resultados. Según declara­ciones de la diputada Olga Ferreira, desde el 2010 hasta el 2013, el presupuesto que el Congreso otorgó para la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo orilló los 500.000 millones de guaraníes.

Por otro lado, la fiscal anti­secuestro Sandra Quiñónez, había afirmado que se com­probó que los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fueron adiestrados por las Fuerzas Armadas Revolu­cionarias de Colombia (FARC).

"Ellos tienen adiestramiento de las FARC y eso está com­probado. Cristaldo Mieres, por ejemplo, su ida a Colombia está documentada, también Aldo Meza; ellos siguen el libreto de las FARC", dijo la agente del Ministerio Público, en una entrevista con Telefuturo.

Es importante consignar que la administración de Horacio Cartes, a partir de agosto de 2013, orientó su política de seguridad y de lucha contra el EPP con la decisión de una mayor presencia del Estado en las zonas de influencias de los delincuentes, atacando la causa real del problema: la pobreza. Así, a partir de su gestión, varias institucio­nes públicas se encuentran trabajando en esa vasta área para dotar a sus pobladores de mayor infraestructura vial, viviendas, escuelas, aten­ción sanitaria, apoyo agrícola, entre otras mejoras.