El Poder Ejecutivo promulgó el miércoles último la ley "Que declara en situación de emergencia la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional", por un plazo de 180 días, a productores que fueron afectados por las heladas. La normativa tiene como objetivo atender los problemas de asistencia técnica y crediticia, y de acceso a servicios básicos, vivienda y tierra que afectan a los compatriotas que se encuentran en ese segmento de productores.
La legislación dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Secretaría de Acción Social (SAS), la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la Dirección General de Aduanas (DGA), entre otras entidades, implementen los planes necesarios a favor de ese sector.
Estas instituciones "adoptarán todas las medidas conducentes para cooperar con las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina, mediante asistencia técnica y crediticia oportuna, como asimismo, deben imprimir medidas de carácter sanitario, ambiental, de asistencia social, que permitan el acceso a derechos garantizados", indica.
Los proyectistas de la ley señalan que en el Paraguay el 90% de la agricultura familiar, de menos de 50 hectáreas, y el 83% de menos de 20 hectáreas están "en estado de descomposición, extrema pauperización, endeudamiento y acorralamiento por el proceso de la expansión del capital en el campo".
Alega que se trata del sector poblacional más estratégico "para garantizar la sustentabilidad, la seguridad y soberanía alimentaria; la soberanía energética, la soberanía ambiental y territorial de toda la sociedad".
Señalan también que éste núcleo productivo ha sido reconocido por las NNUU, el Celac, el Unasur y el Mercosur como protagonista del desarrollo nacional, especialmente por su contribución a la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Sostienen, además, que ayudan a la estabilidad de la oferta y de los precios de los alimentos y dinamizan las economías locales.