La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial, firmado por su titular, la Dra. Alba Rocío Cantero Vera, en el que repudia los episodios de hostigamiento, intimida­ción y amenazas denunciados públicamente por el agente fiscal Silvio Corbeta Dina­marca, de la Unidad Espe­cializada de Delitos Econó­micos y Anticorrupción, en el marco de las investigacio­nes del caso Ueno Bank. Ante esta situación, la institución informó que ya se han adop­tado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del fiscal y el normal desem­peño de sus funciones.

Fabricio Martín Martínez Appleyard. Tanto la titular del Ministerio Público como el gremio de agentes fiscales, consideran estos hechos forman parte de un intento de condicionar el ejercicio de la acción penal pública.

Asi­mismo, el Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional que disponga, dentro de sus competencias, los recaudos de protección correspon­dientes. Finalmente, la fiscal general reafirmó que ningún acto de presión detendrá la labor institucional y aseguró que las pesquisas continua­rán con independencia, obje­tividad y estricto apego a la ley para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quie­nes resulten responsables.

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Asociación de Fiscales

La Asociación de Agentes Fis­cales del Paraguay expresó su rechazo a las amenazas recibidas por el fiscal Silvio Corbeta, atribuidas al imputado Fabri­cio Martínez Appleyard, tras un allanamiento realizado en GSR Security, empresa vincu­lada al Grupo Vázquez, en el marco de la investigación del caso Ueno Bank. En un comu­nicado, el gremio sostuvo que estos hechos no representan solamente un agravio perso­nal contra el agente fiscal, sino también un intento de condi­cionar el ejercicio de la acción penal pública.

Comunicado de Alba Cantero, fiscal general del Estado.

“La Asocia­ción de Agentes Fiscales del Paraguay expresa su repudio a las amenazas de las que fue objeto el agente fiscal Silvio Corbeta como consecuencia de un allanamiento realizado en el marco de la investigación conocida como caso Ueno Bank por parte de la persona encargada del lugar donde se llevó a cabo la diligencia”, expresa el manifiesto.

Los agentes afirman que “el hecho no constituye solo un agravio personal contra el citado agente fiscal, sino tam­bién un intento de condicio­nar el ejercicio de la acción penal pública”, función que los agentes cumplen por mandato constitucional.

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