Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que penaliza el matrimonio con menores de edad y el texto pasa ahora a consideración del Senado.

Se trata de la propuesta “Que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes”.

El diputado Daniel Centurión, uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa tiene por objeto establecer sanciones penales para quienes intervengan deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos por la legislación civil cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años.

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Según manifestó el parlamentario colorado, se busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante la intervención penal en las conductas directamente vinculadas con la celebración de estos matrimonios.

Aclaró que el proyecto respeta los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad. Además, no modifica las disposiciones relativas a la validez, nulidad o efectos civiles del matrimonio.

Sanciones que prevé la ley

En cuanto a las conductas previstas, explicó que el proyecto contempla tres tipos de responsables.

  • La primera es el adulto que contraiga matrimonio con una persona menor de edad, con conocimiento de su condición.

Para este caso, se establece una pena de hasta tres años de prisión o multa, siempre que el matrimonio llegue a celebrarse.

  • El segundo supuesto comprende a quienes tengan responsabilidades legales de representación, guarda o tutela y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar la celebración del matrimonio prohibido.

La sanción prevista también es de hasta tres años de prisión o multa, siempre que se demuestre que la conducta contribuyó a la concreción del hecho y que existió intención dolosa.

  • Y tercera, se incluye al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, autorice o celebre un matrimonio prohibido, con conocimiento de que uno o ambos contrayentes son menores de edad. Para estos casos, se establece una pena de hasta cinco años de prisión.

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