El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, indicó que este viernes el Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional el proyecto de ley que apunta a que las empresas o sociedades vinculadas al grupo Vázquez que no se encuentren intervenidas por la justicia o administradas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puedan seguir operando.
“Hoy estamos procediendo a presentar al Congreso la iniciativa, esperamos que sea discutida rápidamente para su sanción. Este proyecto de ley ya fue socializado, estuvimos trabajando desde el pasado viernes posterior al juicio político, lo tratamos con el ministro Marco Riquelme y el lunes cuando ya asumimos oficialmente a la tarde mantuvimos una reunión con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Comercio, autoridades del Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, entre otras instituciones del Estado”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González agregó: “Entiendo que también se habló con representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay, quienes ven este proyecto con buenos ojos. Nos preocupa la suerte de las empresas o sociedades no vinculadas o afectadas directamente con el proceso de intervención de Ueno Bank”.
Señaló que la intención es “generar es un instrumento legal para que las empresas que no estén afectadas por el proceso de intervención o por la Senabico, puedan seguir subsistiendo, que no pierdan su valor de capital y eventualmente que no se vean afectados los puestos laborales”.
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Detalló que para garantizar la continuidad operativa de las firmas, se impulsará con la propuesta la integración de un consejo conformado por representantes del Ejecutivo, Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Trabajo y Banco Central del Paraguay.
“Se corroborará que las empresas existan y que tengan posibilidad de movimiento, se nombrará un administrador provisorio. Esta será una ley especial, transitoria, con una vigencia de 8 meses para que el administrador pueda justamente revisar todo, ver la situación, ponerlas en actividad”, dijo González.
Añadió que el administrador recibirá su remuneración de los ingresos que generen las firmas o sociedades en la cual operará. “Se revocará todos los mandatos y poderes de quiénes estén administrando las empresas y este administrador incluso, será designado por el consejo, es decir, tendrá que dar información permanente sobre lo que está realizando, no puede tomar ninguna decisión que no esté autorizado por el consejo y deberá dar vitalidad a las mismas”, puntualizó.
González mencionó también que “en un momento dado en que estén capitalizadas las empresas, se tomará una decisión con respecto a ellas, como por ejemplo de que puedan ser adquiridas por interesados y que ese capital sea utilizado para el pago de los ahorristas y eventualmente el pago de salarios”.