La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, anunció que este lunes a las 11:00 presentará ante el Ministerio Público una denuncia penal contra personas innominadas, exigiendo indagar sobre los retiros anticipados de dinero y las instituciones estatales que siguieron depositando fondos públicos en Ueno Bank.
“Estoy terminando de corregir el escrito para luego ir al Congreso Nacional y poner a disposición de los colegas para ser firmado y luego presentarlo a la Fiscalía. En la denuncia yo no establezco una mención a una persona en especial, pero sí vamos a agregar como documentos anexos las publicaciones que circulan en los medios referente a los retiros anticipados”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que “se debe avanzar con una investigación sobre aquellas personas que retiraron en condiciones y plazos diferentes sus depósitos ya a partir de lo que surge de la crisis”.
Vallejo también señaló que la Fiscalía debe ahondar sobre las instituciones del Estado que siguieron depositando los fondos públicos en Ueno Bank, pese a las alertas generadas, como por ejemplo el pedido de informes hecho por la Cámara de Senadores al Banco Central del Paraguay (BCP), respecto a la situación financiera de la entidad, el cual fue impulsado por legisladores del oficialismo colorado.
“Si yo fuese administradora pública, no hubiese colocado un solo centavo más en esa institución. El Ministerio Público debe corroborar cuáles fueron las instituciones públicas que siguieron depositando recursos, porque eso ya sería una lesión de confianza”, manifestó.
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La legisladora indicó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) jugará un papel fundamental en las indagaciones. “Esta es una institución que puede pedir informaciones a nivel mundial a todas las unidades de inteligencia financiera sobre casos de lavados de activos y el Ministerio Público tiene que ampliar sus calificaciones jurídicas. Se deben incluir los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero”, refirió.
Señaló que “con eso se activarán los protocolos de la Seprelad de poder solicitar información a las otras unidades de inteligencia del mundo para poder cerrar el círculo de toda esta investigación. Esto es una asociación criminal de manual y de lavado de dinero; los hechos describen eso”.
Mansión de Peña
Por otra parte, requirió a la Contraloría General de la República (CGR), liderada por Camilo Benítez, realizar de vuelta una fiscalización sobre el valor real de la lujosa residencia de verano atribuida a Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera.
“La Contraloría debería retractarse e iniciar inmediatamente una verificación real de cuánto costó esa casa, ya que jamás pudo haber costado 1 millón de dólares por toda la calidad que tiene. Esta es otra de las miles de aristas que debe ser investigada”, puntualizó.
Vallejo añadió que “nos vamos espantando por todo lo que está sucediendo. Peña debería ser analizado a nivel siquiátrico y los expertos deben explicar qué tenía él en su cabeza, así como las personas que le rodeaban, para causar tanto daño a tantas personas en un contexto que evidentemente perseguía el dinero”.