La herida más profunda del Chaco paraguayo comienza a sanar definitivamente. Después de 30 años de abandono, desamparo y promesas rotas, el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), asumió con firmeza su deber moral e inició el proceso de titulación formal de 30.000 hectáreas, un patrimonio valorado en 20 millones de dólares que hoy se transfiere como donación definitiva para amparar a las familias campesinas y trabajadoras de esta emblemática comunidad.
Durante años, las portadas de medios internacionales como BBC News denunciaban ante los ojos del mundo una paradoja dolorosa: en pleno corazón de Sudamérica, un pueblo entero había sido vendido junto con sus habitantes a conglomerados extranjeros, dejando a generaciones enteras en la condición de extraños en su propia tierra, a merced de la intemperie y la zozobra.
Hoy, gracias a la política social de la Corporación Atenil y al objetivo del presidente Santiago Peña reflejado en la Nueva Ruralidad, Puerto Casado recupera el alma y la dignidad, demostrando así que nada puede estar por encima del derecho sagrado de las familias a echar raíces en paz.
Tierra, arraigo y dignidad
La concreción de esta donación histórica de USD 20 millones no es un simple asiento contable ni un trámite de oficina; encarna el escudo protector del Estado que pone fin a tres décadas de incertidumbre y restituye la soberanía a los humildes:
* Reparación moral y soberanía popular: se pone fin al mito de la indefensión campesina. El Estado se hace presente con rostro humano en el territorio para cumplir la palabra empeñada y sellar la paz social en una comunidad forjada en la lucha y el sacrificio.
* El arraigo definitivo: las 30.000 hectáreas dejan de ser objeto de litigios interminables para transformarse en el patrimonio seguro donde crecerán los hijos de Casado, protegidos por títulos legítimos que nadie les podrá arrebatar.
* Desarme de los modelos extractivos: frente a la inercia del pasado que toleraba la desprotección comunitaria a favor del lucro discrecional, la autoridad asume con coraje su función de velar por los más vulnerables, transformando la tierra en un bien social e inclusivo.
“Durante tres décadas, a los pobladores de Puerto Casado se les negó el derecho más elemental: la certeza de saber que el suelo donde duermen sus familias les pertenece. El Estado paraguayo no podía seguir mirando hacia el costado. Hoy venimos a abrazar a este pueblo noble, a devolverle el alma a su comunidad y a entregarles la garantía inviolable de que nunca más estarán solos ni desamparados frente al poder de nadie”, expresó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.
Con el inicio del catastro y la mensura que culminará en la titulación masiva y directa a favor de las familias, el Gobierno nacional reafirma que la verdadera autoridad es la que defiende, ordena y cuida el hogar común. Puerto Casado se levanta hoy como el emblema de la dignidad recuperada y la victoria de la justicia rural, gracias a la voluntad de la Corporación Atenil y a la política de titulación masiva del Gobierno.
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