Un informe oficial del Ministerio del Interior correspondiente al periodo de enero a octubre de 2026 expuso una alarmante brecha en el sistema de protección a víctimas de violencia familiar. Según los datos oficiales, un total de 4.420 personas no cuentan con tobilleras electrónicas, en contraste con apenas 86 sujetos que disponen de orden judicial para la colocación y utilización del dispositivo de rastreo. La revelación cobra mayor gravedad al constatarse que existen 700 tobilleras de alta tecnología que no están siendo utilizadas por los organismos competentes.

La falta de implementación de estos mecanismos preventivos deja al descubierto la vulnerabilidad de cientos de víctimas que cuentan con medidas cautelares de protección. Las cifras presentadas en el documento exponen la diferencia abismal entre el volumen total de órdenes judiciales de prohibición de acercamiento tramitadas en los tribunales y la cantidad real de agresores sometidos al mecanismo de monitoreo electrónico, herramienta clave para evitar feminicidios y reincidencias.

En lo que respecta a la distribución territorial de las restricciones, el departamento Central concentra un tercio de las prohibiciones de acercamiento registradas en todo el territorio nacional, sumando 1.501 medidas cautelares activas. A la zona metropolitana le siguen en volumen de casos el departamento de Alto Paraná, con 581 restricciones, y el departamento de Caaguazú, que registra 363 órdenes de alejamiento vigentes en el mismo periodo.

El funcionamiento operativo del sistema contempla tanto la tobillera de rastreo para el agresor como un teléfono celular asignado a la víctima, el cual cuenta con una aplicación gratuita de alerta temprana. Según especifica el informe del Ministerio del Interior, este esquema cruzado permite monitorear el cumplimiento de las medidas judiciales en tiempo real y facilita una respuesta policial más rápida ante situaciones de riesgo inminente para la denunciante.

Dentro del apartado enfocado en violencia de género o familiar, el documento consigna a 53 usuarios directamente vinculados a este tipo de contingencias y a 21 personas notificadas con orden de alejamiento bajo seguimiento. Sin embargo, el reporte oficial no precisa los criterios de selección aplicados para determinar qué casos críticos deben llevar la tobillera, dejando sin justificación la inactividad del grueso de los equipos.

Tampoco se aclaran los motivos por los cuales la inmensa mayoría de los agresores no posee la tobillera electrónica ni cuántas del total de medidas dictadas por los jueces reúnen las condiciones técnicas para la aplicación inmediata del dispositivo. Esta falta de precisión operativa mantiene paralizada la tecnología disponible, mientras las denuncias por agresiones intrafamiliares continúan en aumento en los principales centros urbanos del país.