La fiscala Teresa Sosa denunció que el esquema de títulos falsos cuenta con protección política en el país, condición que, sumada a las graves fallas de fiscalización en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), permitió que esta práctica irregular se extendiera de forma impune con el tiempo. La representante del Ministerio Público sostuvo que la inacción no es reciente, sino que deviene de administraciones anteriores y se ha ido agravando progresivamente. “Si no tuviera protección política, los controles funcionarían”, aseveró.

Sosa planteó que el Cones debería suspender temporalmente nuevas habilitaciones de carreras e instituciones privadas mientras ejecuta un proceso de auditoría integral a las universidades e institutos ya autorizados, para verificar si operan eficazmente y cumplen con las exigencias legales. En relación con el ámbito administrativo del MEC, exigió reestructurar los procesos de verificación, criticando que el área encargada de otorgar la matrícula profesional ya no comprueba la autenticidad previa del registro de títulos, lo que posibilita la obtención de licencias a partir de documentación apócrifa. “Esta es un área que depende directamente del viceministerio de Educación”, puntualizó la fiscala.

Respecto a las conductas punibles indagadas por la Fiscalía, la agente del fuero penal detalló que la pesquisa abarca delitos contra la prueba documental y el patrimonio, con énfasis en la producción de documentos no auténticos y estafa, mecanismos mediante los cuales los implicados obtuvieron lucrativos beneficios económicos. No obstante, al ser consultada sobre la eventual tipificación de asociación criminal, Sosa aclaró que en la causa a su cargo no se han identificado elementos suficientes para sostener dicho tipo penal.

En el plano procesal, las evidencias colectadas por el Ministerio Público demuestran cómo se vulneraron los mecanismos de control estatales para insertar en el mercado profesional a personas sin el debido respaldo académico. Las pesquisas revelan un lucrativo negocio montado a expensas de la fe pública, en el que se fraguaron actas, certificados y registros oficiales con total complicidad de estructuras intermedias, afectando directamente la credibilidad del sistema educativo nacional y la seguridad en el ejercicio de profesiones sensibles.

La fiscala Sosa instó a las autoridades del Poder Ejecutivo a otorgar un plazo de regularización para las instituciones de enseñanza superior y asumir con firmeza la depuración del registro de títulos. Remarcó que, sin un saneamiento profundo y una reforma sustancial en los protocolos de verificación del MEC y el Cones, los esquemas de corrupción continuarán operando, blindados por la injerencia política y la desidia administrativa de las entidades reguladoras.