“Esta es una realidad perversa”, dijo el contralor general de la República, Camilo Benítez, tras la finalización de una auditoría realizada por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de 1.090 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos.
La fiscalización fue realizada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos, encabezada por el senador colorado Patrick Kemper. “Este es un pedido expreso de la comisión y representa un avance. Nosotros nos habíamos comprometido a terminar esta fiscalización en 45 días y nos encontramos con esta realidad”, refirió Benítez a los medios de comunicación.
Además, mencionó que el trabajo implicó toda la trazabilidad de los títulos universitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Hubo mucha colaboración por parte del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, quien personalmente se fue a la Contraloría a tratar de aportar la mayor información posible para poder transparentar todo este proceso, reconozco esto porque parte del informe apunta a una responsabilidad de su ministerio”, comentó.
Ante este escenario, Benítez cuestionó duramente el desempeño del Cones, al argumentar que la institución “no cumple de manera mínima con su misión y digo esto porque existen muchas universidades, facultades, carreras que la gente cursa y que no se encuentran habilitadas. La ley le obliga al Cones a establecer medidas de sanción como una clausura o intervención”.
Señaló también que el proceso de fiscalización expuso la carencia del Cones en infraestructura y recursos humanos, ya que el ente contó con dificultades para proveer informaciones a la Contraloría. “Si no pueden responder, mucho menos tendrán la capacidad de controlar a las universidades. Vemos también que muchos títulos fueron reconocidos por el MEC sin haber hecho ninguna debida diligencia de control antes de emitir o reconocer. El colmo de esto se dio con la presencia de más de 1.000 funcionarios públicos cuyas universidades dicen que no estudiaron una carrera allí”, puntualizó.
Añadió que, “esto no es un problema de las universidades, los funcionarios imprimieron sus cartones, colocaron cual era su profesión y el MEC validó, pero aclaro, nosotros no le quitamos la responsabilidad a las enormes facultades y universidades públicas y privadas que habilitan carreras, promueven ofertas, el alumno se inscribe y paga sus cuotas, se recibe y las mismas no están habilitadas, de esto tenemos cientos de casos”.
Contraloría presentó denuncia formal
Benítez puntualizó que la mayoría de los presuntos títulos falsos guardan relación con funcionarios públicos del ámbito educativo. Agregó que los casos ya fueron derivados al Ministerio Público ante la presunción de un hecho punible.
“Esta cifra es preliminar, ya que el Poder Judicial y el Ministerio Público respondieron la semana pasada, esto se tiene que actualizar y muchas universidades privadas todavía no nos enviaron las respuestas que se les solicitó. Incluso en la Contraloría tenemos a 4 funcionarios con presuntos títulos falsos, quienes ya están sumariados”, sentenció.