El destituido exintendente esteño Miguel Prieto sugirió aplicar despidos masivos en el sector público como supuesta solución al creciente déficit fiscal del país, durante una entrevista televisiva acerca de sus aspiraciones presidenciales. En su intervención, el político prometió “mano dura” y recordó su paso como administrador municipal, cuando desvinculó a mil empleados en un solo día, cuestionando además el exceso de personal en instituciones estratégicas.

Sin embargo, la viabilidad técnica de una reducción de shock en la planilla estatal enfrenta marcadas contradicciones con el funcionamiento financiero del fisco. En primer lugar, una medida de esta naturaleza agravaría de inmediato el saldo negativo de la Caja Fiscal, cuyo sistema de reparto depende directamente de los aportes de los trabajadores activos para abonar las jubilaciones vigentes.

Al cortar de manera abrupta los ingresos por aportes de miles de funcionarios desvinculados, la Caja Fiscal mantendría intactas sus obligaciones de pago con los jubilados actuales, obligando al Tesoro Nacional a destinar una mayor proporción de los impuestos generales para cubrir el déficit mensual resultante. Asimismo, las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y aguinaldos exigirían un desembolso inmediato que elevaría el gasto corriente a corto plazo.

En el plano macroeconómico, la eventual judicialización de las desvinculaciones expone al Estado a millonarias demandas laborales que, en el mediano plazo, podrían derivar en el pago de salarios caídos e intereses. Por otra parte, la supresión repentina de una masa salarial significativa impactaría de forma directa en el comercio y los servicios privados, reduciendo la recaudación de impuestos indirectos como el IVA.

A nivel operativo y de gestión, la falta imprevista de personal en áreas administrativas clave arriesga paralizar procesos licitatorios, retrasar pagos a proveedores y ralentizar la ejecución de proyectos, lo que generaría un efecto de estancamiento en la dinámica económica general y en el Producto Interno Bruto (PIB).

Más allá de las variables financieras y legales, la iniciativa tropieza con la realidad del mercado laboral privado, el cual carece de la capacidad de absorción inmediata para semejante volumen de desempleados, demostrando que los recortes arbitrarios “de un plumazo” pueden suscitar problemas sociales y estructurales de mayor complejidad que los que pretenden resolver.