Legisladores de ambas cámaras del Congreso coincidieron en que la documentación técnica remitida por el Banco Central del Paraguay (BCP) descarta irregularidades graves y confirma la estabilidad del sistema bancario nacional. Tras la revisión de los informes, señalaron que la actuación de la Superintendencia de Bancos demuestra el correcto funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de riesgos. Ante este escenario, recalcaron que la apertura de un sumario administrativo a una entidad no equivale a una intervención ni justifica alarmar a la ciudadanía.

El senador Dionisio Amarilla instó este viernes a frenar lo que calificó de “temeraria campaña” orientada a sembrar desconfianza en el sector financiero y generar un eventual pánico de ahorristas. Consultado por la prensa legislativa sobre el contenido analizado, el parlamentario y economista fue enfático al declarar que “no aparece absolutamente nada raro en el informe”. Asimismo, defendió la formación técnica de los funcionarios del ente regulador y advirtió que intentar forzar una intervención a ueno bank resultaría irresponsable, dado que dicha entidad ha permitido mejorar de forma sustancial los rendimientos de las colocaciones de instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS).

En la misma línea, el diputado Alejandro Aguilera cuestionó la difusión mediática de versiones catastróficas sobre la situación de la plaza bancaria. El legislador lamentó la “liviandad” con la que ciertos actores políticos y grupos empresariales abordaron la filtración del informe, el cual abarca el desempeño de al menos siete entidades financieras. Aguilera enfatizó que los datos técnicos confirman que las instituciones de plaza gozan de plena solvencia y que no existen riesgos de colapso ni amenazas directas para los ahorros de la población.

Ambos parlamentarios atribuyeron la controversia a disputas comerciales y una “guerra de facciones” dentro del sector bancario privado. Aguilera sostuvo que los ataques responden a la resistencia de ciertos sectores tradicionales ante la llegada de competidores que ofrecen tasas de interés más competitivas al Estado. A modo de ejemplo, destacó que, gracias a este nuevo escenario competitivo, el IPS obtuvo ingresos superiores a USD 200 millones en un solo año por el rendimiento de sus depósitos, un beneficio sin precedentes en la gestión de los recursos de los contribuyentes.

En el plano político, Aguilera desestimó las acusaciones de la oposición que intentan vincular al presidente de la República, Santiago Peña, con la entidad involucrada, recordando que la desvinculación directiva del mandatario fue aclarada y documentada oportunamente. Con el objetivo de proteger la institucionalidad económica, el diputado anunció que impulsará un proyecto de ley para tipificar y sancionar el “terrorismo financiero”, penalizando la difusión maliciosa de datos falsos que busquen provocar corridas de depósitos.