El jefe de Estado, Santiago Peña, junto al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, encabezaron este miércoles el acto de habilitación de mejoras edilicias del Centro Nacional de Prevenidos, antiguamente conocido como la Penitenciaría de Tacumbú, que albergaba a unas 4.100 personas privadas de su libertad en una situación de hacinamiento y cuya reforma culminó en mayo pasado.
“Esta es una mañana muy emotiva, esto va a lo más profundo de nuestro ser. Como persona quiero dejar un legado, hacer un bien, que es recuperar y dar dignidad a la persona. La política penitenciaria para mí, junto con la primera infancia, son de los mayores testimonios de lo que nosotros queremos construir como sociedad, qué es lo que buscamos dejarle al ser humano”, dijo el mandatario en la ceremonia.
Peña agregó que “las personas privadas de su libertad en Paraguay no tienen, por ley, el derecho a sufragar, que fueron castigados por ley, pero en ninguna parte de la Constitución Nacional habla que el ciudadano pierde la dignidad”.
“Con esto le estamos dando un testimonio de que su dignidad vale la pena y que nosotros como paraguayos lo estamos reivindicando con el origen de esta política pública que llevamos adelante. Quiero decirles a todos, quienes han abrazado esta causa conmigo, gracias de corazón, porque esto es darle dignidad al ser humano, a nuestros compatriotas”, aseveró Peña.
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Desde la presidencia informaron que la intervención representa una inversión de G. 15.000 millones e incorpora tres pabellones renovados, 117 celdas y capacidad para 500 personas, además de mejoras integrales en las áreas de servicios.
Los trabajos abarcan 3.350 metros cuadrados e incluyen la recuperación de los pabellones B, D y F, la reconstrucción de baños, renovación de techos e instalaciones eléctricas y sanitarias, además de un comedor y un patio polideportivo. También fueron intervenidos el pasillo troncal, las redes cloacales y pluviales y las áreas de Intendencia, Cocina, Carnicería, Panadería y Depósito.
Aplicación del sistema modular
Uno de los principales cambios es la implementación de un sistema modular que permite clasificar y separar a la población de prevenidos, generando mejores condiciones para ordenar la convivencia, reducir situaciones de violencia y desarrollar programas orientados a la reinserción social. “Si queremos reinsertar, no podemos simplemente encarcelar, debemos ir más allá. Necesitamos centros con capacidad real de sostener planes y programas”, comentó Peña.
Previamente, mediante los operativos Umbral 3.0 y 3.5, fueron trasladadas de manera ordenada más de 500 personas condenadas a otros establecimientos penitenciarios, avanzando en la separación entre procesados y condenados.
Entrega de móviles
En la ocasión, también fueron entregados 8 nuevos móviles para el traslado de personas privadas de libertad y 2 ambulancias, destinados a fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario y la respuesta sanitaria. A estos recursos se suman vehículos para el desplazamiento del personal del Ministerio de Justicia y nuevo equipamiento de seguridad para agentes penitenciarios.
Los móviles permitirán atender los traslados requeridos por el Poder Judicial para juicios y audiencias, mientras se avanza también en la utilización de medios telemáticos para reducir desplazamientos cuando las condiciones procesales lo permitan.
Por su parte, Nicora comunicó que el próximo mes de noviembre iniciará una segunda etapa de intervención, que alcanzará los sectores pendientes del centro con el fin de seguir adecuando el establecimiento a los estándares del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Agregó que un componente particular del proceso de adecuación edilicia fue la participación de 120 reclusos en los trabajos de recuperación del centro.