El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, confirmó la destitución del director regional en Caaguazú, Edgar Cubilla tras detectarse supuestas irregularidades en procesos de titulación de un inmueble, al margen de procedimientos establecidos por el ente agrario.

Así también, dispuso la desvinculación de funcionarios involucrados y anunció nuevas medidas de transparencia y digitalización de los procesos de la reforma agraria.

Según el Indert, las presuntas irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación impulsada por la Presidencia del instituto en conjunto con la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, a partir de un intento de adjudicación y titulación de tierras de la reforma agraria a favor de una empresa privada.

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Lote de 16 hectáreas, en juego

“Las investigaciones se vienen desarrollando desde hace aproximadamente tres semanas, luego de que la Presidencia del Indert tomara conocimiento del intento de transferir un inmueble de la reforma agraria a una empresa privada, procedimiento que habría contado con la participación de funcionarios de la institución”, señala un comunicado oficial.

Refiere que en virtud de los elementos reunidos durante la investigación, la Presidencia del Indert “dispuso la desvinculación del director regional del ente, Edgar Cubilla, así como de otros funcionarios y directivos que sean identificados como participantes en el proceso irregular, conforme a las actuaciones administrativas correspondientes”.

Asimismo, se informa que el lote de 16 hectáreas que habría sido objeto del intento de adjudicación a favor de la empresa Demetra S.A. volvió a quedar bajo administración de la Comisión de Fomento que lo había solicitado conforme al Estatuto Agrario, con el objetivo de que el inmueble sea destinado nuevamente al beneficio de la comunidad.

Se aclara que además se remitió una notificación formal a Demetra S.A., comunicándole que la empresa no reúne las condiciones para ser beneficiaria de la reforma agraria y que el procedimiento intentado no se ajusta a las disposiciones legales que rigen la adjudicación y titulación de tierras destinadas a la reforma agraria.

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