Este lunes 14 de setiembre se encuentra prevista la continuidad del juicio oral del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado a raíz de un presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Para la misma fecha también volverá a sentarse en el banquillo de acusados el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el cargo formal de lesión de confianza.
El enjuiciamiento del exministro abdista está fijado para las 7:00 y se encuentra en su etapa final, concentrado tanto en la producción y la lectura de evidencias documentales. La audiencia judicial había entrado en una pausa forzada el pasado lunes 7 de setiembre ante problemas de salud que alegó padecer su abogada Gilvi Quiñónez.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
Caso “Tía Chela”
Mientras que la audiencia de Prieto se encuentra marcada para las 8:00 con la lectura del auto de apertura a juicio y, posteriormente, los alegatos iniciales del Ministerio Público y la defensa. El dirigente opositor y líder del Partido Yo Creo se encuentra acusado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
La causa judicial es conocida como “Tía Chela” y se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.