Durante una audiencia preliminar, seis procesados admitieron este martes ante el juez Humberto Otazú los hechos de corrupción, devolvieron 300 millones de guaraníes y fueron beneficiados con suspensión condicional del procedimiento en el caso que involucra a Miguel Prieto por el pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.
Además del destituido exintendente esteño está acusadas otras dos personas más. Los que fueron beneficiados con la suspensión son: Lucia Lisboa, exsecretaria del consejo de Salud; Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo; y contra Karen González, Fredy Guzmán, Sonia Barrios y Hugo Benítez.
El juzgado estableció ciertas reglas que los mismos deben cumplir por el plazo de un año como por ejemplo la donación de un total de G. 50 millones cada uno como reparación del daño. El pasado 5 de setiembre los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz presentaron la acusación contra el dirigente opositor y sus excolaboradores ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.
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Antecedentes
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos.
Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados. Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación fiscal demuestra que una de las firmas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.