La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, este viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La séptima procesada, de once los procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la fiscalía.
Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.
El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.
En el marco de la presentación de requerimiento, la fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.
“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.
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