El Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, avanzan en un trabajo conjunto orientado a garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que se encuentren legalmente habilitadas, en el marco de una mesa técnica interinstitucional creada para coordinar acciones y definir mecanismos que hagan posible el ejercicio efectivo del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.
En este espacio, las instituciones analizan distintas alternativas, entre ellas la eventual instalación de mesas de votación en los centros de reclusión, evaluando las condiciones logísticas, de seguridad y de transparencia necesarias para asegurar un proceso electoral ordenado y conforme a la normativa vigente.
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Las autoridades coinciden en que la privación de libertad no implica la pérdida automática de los derechos ciudadanos, por lo que se busca identificar y remover las barreras operativas que impiden el ejercicio del voto de aquellas personas que mantienen este derecho conforme a la ley.
El trabajo conjunto permitirá establecer responsabilidades, procedimientos claros y mecanismos de coordinación que hagan compatible la organización electoral con la realidad de los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo así la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional en favor de una democracia más inclusiva.
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