El agente fiscal Silvio Corbeta dijo este martes que tres de los acusados en el caso Tajy aceptaron que los hechos de lesión de confianza ocurrieron tal como señala el Ministerio Público, al comentar la decisión que adoptó el juez Humberto Otazú de elevar a juicio oral y público la causa contra el exintendente esteño Miguel Prieto, que acumula al menos 49 denuncias penales, también será enjuiciado en el caso Tía Chela, a partir del próximo 31 de agosto.
“En el día de la fecha, el juzgado resolvió, luego de la contestación de los incidentes, elevar esta segunda causa, el caso denominado Tajy, a juicio oral y público, por los principales encausados, en este caso el exintendente de Ciudad del Este, el señor Miguel Prieto y los demás funcionarios que fueron acusados por el Ministerio Público”, explicó Corbeta en un contacto emitido por el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El representante de la Fiscalía señaló: “También hubo tres funcionarios del área administrativa que aceptaron los hechos que se le acusaban por parte del Ministerio Público, reconocieron que estas circunstancias ocurrieron conforme a la acusación fiscal y, en ese sentido, solicitaron la suspensión condicional del procedimiento, situación que fue también acogida favorablemente por el Juzgado Penal de Garantías, que resolvió de manera oral y que posteriormente manifestó el juez que va a elevar su resolución por escrito”.
Además, Corbeta puntualizó que ningún hecho punible fue excluido: “Se mantuvo la acusación fiscal, se plantearon diversos incidentes, nulidad de la acusación, exclusión de calificaciones jurídicas, así como también se plantearon nulidades, entre otros incidentes, y todos fueron rechazados con los fundamentos también propios del juzgado y los fundamentos que fueron respondidos por el Ministerio Público en audiencia”.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, en plena pandemia del covid, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.