El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, acusó a la oposición de imponer el “cuoteo político” para la conformación de la terna de candidatos a la Contraloría General de la República (CGR), que será remitida a la Cámara de Diputados para la elección. Agregó a la vez que requerirá a la plenaria del Senado que la integración de la lista de aspirantes sea tratada luego del 15 de agosto.
“En periodos anteriores donde siempre la mayoría tuvieron los partidos de la oposición, las ternas para la Contraloría lo hicieron ellos y tuvieron contralores de su sector cuyas gestiones no fueron buenas por denuncias de corrupción, algunos se fueron presos por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza”, refirió Núñez a los medios de comunicación.
El parlamentario acotó: “¿Por qué los opositores no plantean nomás ya directamente modificar la ley que rige a la Contraloría y vayamos directamente al cuoteo? Con esto ellos dicen sí al cuoteo político y no a la idoneidad y la preparación técnica“.
Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en solicitar a los candidatos a contralor que se encuentren identificados con la centenaria agrupación y otros partidos de oposición a retirar sus postulaciones. Semanas atrás, el parlamentario había detallado cronológicamente los casos de excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia. Citó por ejemplo al liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000.
Fretes Ventre enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También había mencionado el caso de Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos. Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
Núñez también recordó el caso de José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme. Con relación a la propuesta que realizará al pleno del Senado para que la conformación de la terna se realice luego del 15 de agosto, Núñez afirmó que “yo voy a pedir a los colegas que nos tomemos el tiempo y pasar la primera quincena de agosto, es una potestad que tiene la presidencia”, puntualizó.