El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, destacó el cumplimiento de la Ley 7524/25 de Financiamiento Político que en su artículo 66 establece que cada partido, movimiento o alianza deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el balance de ingresos y gastos de campaña electoral.
La fecha tope de presentación de las declaraciones de los ingresos y gastos de campaña por cada candidato y movimiento vence este lunes 20 de julio.
“Nosotros ya terminamos esa tarea de recibir y de traspasar a la Justicia Electoral lo que nos corresponde. Ahora ya es todo lo que es financiamiento político con miras a las elecciones municipales”, señaló a La Nación/Nación Media.
Aclaró que internamente no se realiza ningún análisis, sino que el procedimiento consiste en la recepción y remisión de las declaraciones a la Justicia Electoral.
El doctor Brizuela mencionó que la legislación prevé que los tribunales de conducta tienen que hacerse cargo de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, en cada partido.
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Ley tiene que ser pulida
Sin embargo, consideró “inaplicable” ese punto de la normativa. “Porque el Tribunal de Conducta no tiene funciones competentes ni coercitivas porque no son organismos públicos. Si bien los partidos políticos están regidos por el derecho público en parte, no dejan de ser organismos privados. Es decir, con qué fuerza un Tribunal de Conducta le va a obligar a alguien a pagar la multa. No tiene esa potestad”, expresó.
Sobre el punto, el titular del TEP del Partido Colorado cuestionó que “la ley no es operativa”. “Eso debería trasladarse a la Justicia Electoral en todo caso para que a través de la Fiscalía Electoral se impulse la acción de cobro de multas”, refirió.
Aseguró que desde el Partido Colorado se hace todo el trámite y se comunica, así como estipula la ley. “Nosotros inclusive como Tribunal Electoral después de las internas del 2022, está ahora en la Secretaria Ejecutiva, una lista donde tenemos movimientos que cumplieron con la Ley de Financiamiento Político y quienes no cumplieron”, recordó.
Explicó que a los movimientos que incumplieron la ley se les impidió el reconocimiento de personería en esta ocasión. “Pero forman otro movimiento, cambian y ya está, porque la ley no prevé esa inhabilitación tampoco”, manifestó.
A criterio de Brizuela, la Ley de Financiamiento Político “tiene que ser pulida”. “Se puede impulsar a nivel partidario, pero en realidad está en el campo legislativo”, remarcó.