Los abogados Claudio Lovera y César Alfonso, representantes de Óscar Boidanich, solicitaron al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Fue durante la exposición de los alegatos finales ante el colegiado.
De acuerdo con lo señalado ya anteriormente por el abogado defensor, las pruebas producidas a lo largo del juicio oral demostraron claramente que Óscar Boidanich no realizó ninguna conducta que pueda considerarse punible.
Asimismo, se argumenta que el área de análisis de la Seprelad inició oportunamente la recopilación de datos de diversas fuentes para su valoración en el contexto de tareas de inteligencia financiera, una actividad en la que Boidanich no intervenía. Esta postura quedó ratificada cuando un analista declaró en el juicio que no recibió ninguna indicación que implicara influir o demorar su tarea.
La defensa refiere que “el borrador o informe preliminar del caso Dario Messer siguió su proceso de verificación en las áreas previstas por la normativa interna, incluyendo un dictamen jurídico que recomendó al área de análisis realizar pasos adicionales antes de su remisión al Ministerio Público”.
También se menciona que entre los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018, otra persona ejerció como encargado de despacho de la secretaría ejecutiva. La prueba producida indica que diversas áreas realizaban actividades para culminar los pasos previstos respecto a varios informes preliminares, incluido el denominado caso Chasa. Este documento no estaba oculto; por el contrario, se encontraba junto al dictamen jurídico a la vista y disposición de quienes ejercían funciones en ese momento.
Del mismo modo, declararon once testigos que manifestaron ante el tribunal de sentencia que Óscar Boidanich no realizó ninguna conducta para demorar el avance de las actividades en la Seprelad.
Firma de remisión
Otro punto destacado por la defensa es que el sábado 14 de abril de 2018, Boidanich recibió el alta médica tras una internación por una situación grave de salud. Debido a esta circunstancia, la institución contó con un encargado de despacho en forma continua durante un mes y medio. El primer día hábil tras su retorno (16 de abril de 2018), el exministro firmó la remisión del informe Chasa al Ministerio Público.
Según Lovera, el informe llegó de forma oportuna, ya que la Fiscalía basó sus decisiones iniciales y el correspondiente comiso autónomo en acciones judiciales ocurridas en Brasil, fechadas el 2 de mayo de 2018 (conocidas por la Fiscalía de Paraguay el 3 de mayo de 2018) y a partir del 6 de junio de 2018. Dado que el Ministerio Público inició su investigación el 4 de mayo de 2018, el informe de la Seprelad ingresó y estuvo a su disposición con anterioridad, resultando pertinente y útil para las tareas judiciales una vez que la institución consideró reunidos los requisitos.
Finalmente, la defensa enfatiza que en el juicio se determinó que las medidas cautelares se dictaron de forma oportuna y que todos los bienes fueron alcanzados por la pretensión de comiso autónomo impulsada por la Fiscalía, la cual fue presentada ante el Poder Judicial en octubre del año 2022.