En la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores presentaron un proyecto de declaración que “que exhorta al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP) y al Banco Nacional de Fomento (BNF) a implementar medidas urgentes que garanticen la seguridad y continuidad del servicio de débito automático para empresas en fiel cumplimiento normativo y no vinculadas a esquemas de fraude”. El documento fue firmado por los diputados Carlos Núñez Salinas, Rubén Roussillón, Francisco Petersen y Jatar Fernández.
Los proyectistas argumentan la urgente necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica, la inclusión financiera y la dinámica económica de las empresas formales que operan legítimamente en el país. Los diputados señalan que el proyecto se da en el marco de una preocupación ciudadana e institucional respecto a las graves denuncias sobre falsificaciones y estafas en el ámbito financiero, esquema informalmente denominado “mafia de los pagarés”.
“Esta situación exige una intervención rigurosa por parte de las autoridades competentes para desarticular estas estructuras delictivas y proteger los derechos de los consumidores”, expresa el documento. Mientras tanto, se señala que las medidas de contingencia o restricciones generalizadas que se vienen aplicando en el sistema financiero han comenzado a generar un impacto colateral adverso sobre el sector empresarial formal.
“El servicio de débito automático -una herramienta fundamental para la formalización y la eficiencia transaccional-, que se está viendo severamente afectado o paralizado de manera indiscriminada. Dicha situación desincentiva la inclusión financiera y perjudica a aquellas empresas que operan bajo estricto cumplimiento de las exigencias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Banco Central del Paraguay y demás órganos de control.
“Castigar de forma generalizada al ecosistema comercial por las malas prácticas de actores criminales identificables atenta contra la reactivación económica”, sostiene el texto.
Para los proyectistas, “resulta imperativo que el Ejecutivo, el BCP -en su carácter de órgano regulador y supervisor- y el BNF -como banca pública de desarrollo- coordinen esfuerzos para diseñar e implementar protocolos de control inteligentes y diferenciados”, considerando que estos mecanismos “deben aislar y sancionar a las firmas denunciadas por fraude, pero, al mismo tiempo, garantizar seguridad, previsibilidad y continuidad del servicio de débito automático para aquellas que cumplen a cabalidad con las condiciones legales”.