Este miércoles prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien está siendo juzgado por la presunta frustración de le ejecución y persecución penal por supuestamente no alertar operaciones del empresario Darío Messer, entre los años 2017 y 2018. En esta jornada se realizó la producción de documentos, dando continuidad con este proceso judicial.
“En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero en aquel entonces, los procedimientos que se llevaron adelante y también, cómo el caso en sí está construido por el Ministerio Público a partir del ejercicio de funciones, también toda una serie de actos normativos que denotan quien ejercía qué función y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El juicio prosigue ya con las pruebas documentales, ya que los 11 testigos ya cumplieron con las declaraciones ante el Tribunal de Sentencia en el marco de esta causa. De acuerdo con el abogado, en estas declaraciones se confirma que la argumentación de la fiscalía contra el exministro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.
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“La declaración de los testigos lo que denota es una tramitación normal para lo que es un informe de inteligencia financiera, no hay ningún tipo de violación de plazos, y siempre insisto en el punto fundamental, no existió ningún tipo de filtración de información por parte de la Secretaría. Eso se acredita con el caso que las personas que eran objetos de inteligencia financiera no intentaron siquiera realizar ningún tipo de movimiento respecto a su patrimonio”, refirió.
Indicó que los testigos explicaron “cada uno de los pasos dentro de estas etapas que finalmente se culmina en un informe de inteligencia financiera, por ejemplo, el área de asesoría jurídica y el tiempo en el cual la asesoría analizó el borrador de informe y emitió su dictamen, y su dictamen con recomendaciones de profundización de ciertos aspectos antes de tomar la decisión final de remitir al Ministerio Público”.
Agregó que “el plazo en el cual la fiscalía no encuentra irregularidad alguna y es un tema interesante de destacar, la fiscalía cuando hace referencia a Óscar Boidanich denuncia un plazo entre junio del 2017 y abril del 2018, pero dentro de esos plazos fueron pasando varias etapas y varias áreas, como por ejemplo, la dirección de Asuntos Jurídicos que entre ese borrador y otros borradores de informes y otras tareas de la dirección llevó un trabajo de casi 5 meses”.
Ateniendo a todas estas informaciones, “eso la fiscalía no observa como irregular, entonces tampoco se le puede adjudicar a Óscar Boidanich y posteriormente a plazos que están relacionados a los meses de enero a febrero, marzo y abril, en los cuales Boidanich tampoco estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo”.