El diputado colorado Alejandro Agüilera presentó un proyecto de resolución “Que pide informes a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el cobro de cánones a la publicidad luego de la rescisión del convenio MOPC - Fast Print”.
El documento se fundamenta en hechos de público conocimiento relacionados con la instalación de carteles publicitarios con mensajes ofensivos hacia la soberanía nacional en dicha localidad, situación que generó una amplia repercusión y preocupación en diversos sectores de la sociedad.
El proyectista señaló en su argumentación que la inquietud se ve agravada por una situación institucional vinculada a un aparente cobro indebido de cánones por publicidad por parte del municipio esteño.
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Según los antecedentes expuestos, dichos cobros se habrían efectuado con posterioridad a la rescisión del convenio que existía entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Fast Print.
En su exposición de motivos, el parlamentario resalta las declaraciones públicas del representante legal de la firma publicitaria, quien afirmó de manera categórica que la Municipalidad de Ciudad del Este le otorgó los permisos correspondientes para el cobro del canon.
La normativa plantea que la administración municipal responda de manera puntual si ha cobrado cánones por publicidad a la empresa Fast Print o a cualquier anunciante luego de la rescisión del convenio con el MOPC, debiendo especificar los períodos y los montos involucrados en caso afirmativo.
Solicita que la institución explique las razones legales o administrativas por las cuales consideró procedente el cobro de dichos cánones de forma posterior a la rescisión de la alianza, considerando que la autorización original para instalar la publicidad provenía de la cartera de Obras Públicas y no de la propia municipalidad.
Finalmente, el proyecto exige la remisión de copias de las ordenanzas, resoluciones, contratos o permisos en los cuales la comuna sustentó la recaudación en la zona afectada tras la culminación del acuerdo.
Este pedido de informes será remitido a las comisiones para los dictámenes de rigor y, posteriormente, será tema de análisis en el plenario de la Cámara de Diputados. Como en todos los casos, de ser emitido el requerimiento, el plazo para las respuestas será de 15 días.