A 21 días del accidente vial que involucró al diputado abdista Mauricio Espínola, quedó expuesta una presunta deficiencia en la actuación policial para determinar las circunstancias del hecho que arrojó como víctima fatal a un motociclista identificado como Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, fallecido el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
En la intervención policial del accidente registrado el 16 de mayo sobre la avenida Kubitschek y Cerro Corá, en el barrio Mburicaó de Asunción, no se recabaron elementos fundamentales para la investigación del hecho, como la identificación completa de los testigos presenciales y sus respectivas versiones detalladas, ni el requerimiento inmediato de cámaras de circuito cerrado de la zona, con el fin de preservar las evidencias.
Las graves omisiones en la recolección de datos quedaron exhibidas en una entrevista realizada por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, al subcomisario Víctor Ovelar, subjefe de la Comisaría 7.ª de Asunción, durante el programa “Arriba hoy”.
El caso fue registrado en un primer momento como un accidente con lesión, pese a que Benítez Chaparro se encontraba tendido en el asfalto en un estado crítico y sin lucidez, de acuerdo a las afirmaciones de una conductora, quien fue una de sus principales socorristas, instantes después de producirse el impacto.
“A nivel de procedimiento policial agotamos todas las actuaciones que compete a la Policía Nacional. En ese momento no se pidió cámaras, lo que requiere la ley es auxiliar al lesionado, nosotros pasamos todos los informes al Ministerio Público, a partir de ahí esa institución guía las investigaciones”, comentó Ovelar.
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Este hecho evidencia una valoración inicial inadecuada de la gravedad del trágico accidente que derivó actualmente en la imputación de Espínola por homicidio culposo. El agente oficial reconoció que los intervinientes llegaron luego de ocurrido el accidente y que el procedimiento se limitó al auxilio de la víctima y al traslado del legislador hasta una sede de la Patrulla Caminera con el fin de realizarle el control de alcotest.
En casos similares, la Policía Nacional debe asegurar el lugar, asistir a los afectados y levantar toda la información relevante, incluyendo datos de testigos y la identificación de posibles registros fílmicos. A la vez, debe preservar las evidencias y comunicar a la Fiscalía cuando el hecho pueda constituir un delito.
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