Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.

El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.

El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.

Le puede interesar: En audiencia pública debaten sobre desafíos de mujeres rurales del Mercosur

Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.

El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.

La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.

Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.

El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.

Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.

Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.

Siga informado con: Camilo Pérez celebra multitudinario respaldo a días de las internas