El presidente de la República, Santiago Peña mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; con el ministro de Economía, Oscar Lovera y el director general de Administración y Finanzas del Ministerio Público, Expidio Palacios. El encuentro tuvo como eje central el análisis del proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público de Paraguay.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó su compromiso de seguir trabajando en planes concretos para el fortaleciendo al Ministerio Público.
“La Fiscalía General del Estado es una institución clave para la justicia y la transparencia. Mi compromiso es acompañarla con los recursos y el respaldo que necesita para cumplir su importante misión”, expresó el jefe de Estado.
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El fiscal general Rolón Fernández señaló que el Ministerio Público depende exclusivamente del presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y no cuenta con recursos propios, lo que limita seriamente su funcionamiento y crecimiento.
“Desde hace aproximadamente 10 años, el presupuesto institucional se mantiene sin aumentos, pese a la ampliación de sus funciones y responsabilidades establecidas por la Constitución”, comentó.
Fortalecimiento institucional
En ese sentido, explicó que la institución requiere de al menos un 62 % más de presupuesto para cumplir adecuadamente sus objetivos.
Entre las que están incluidas la expansión de servicios en el interior del país, la creación de nuevas sedes, contratación de más fiscales (se estiman necesarios unos 700, frente a poco más de 350 actuales), y el fortalecimiento de áreas técnicas como laboratorios forenses, morgues y servicios especializados.
“Existen problemas en la ejecución presupuestaria y en el plan de caja, lo que dificulta el funcionamiento cotidiano. También se señala que, tras su separación del Poder Judicial, el Ministerio Público no accede plenamente a recursos del sistema de justicia, como tasas judiciales u otros fondos, quedando en desventaja financiera”, acotó.
El Dr. Rolón Fernández indicó que la insuficiencia presupuestaria impacta directamente en la capacidad operativa del organismo, generando deficiencias en infraestructura, tecnología obsoleta y escasez de peritos, factores que retrasan investigaciones y la prestación de servicios esenciales.
Finalmente, señaló que en este contexto, han gestionado ante el Poder Ejecutivo alternativas para incrementar recursos y mejorar la asignación presupuestaria, incluyendo posibles mecanismos de coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones institucionales, concluyó.