Un proyecto de ley que busca incorporar la obligatoriedad del debate presidencial para los candidatos a la titularidad del Ejecutivo se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
La iniciativa es impulsada por el legislador del PLRA, Arnaldo Valdez, quien argumenta que con esta normativa se fortalecerá la legitimidad del sistema electoral paraguayo.
El congresista asegura además que la obligatoriedad del debate no representa una carga arbitraria sobre los candidatos, sino la reglamentación de un deber inherente a quienes aspiran a la primera magistratura de la nación.
“Através del debate, la ciudadanía puede comparar propuestas de manera directa, sin intermediarios ni filtros publicitarios, ejerciendo así su derecho a recibir información veraz y ecuánime, conforme a lo consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional”, fundamenta el texto presentado por el parlamentario oriundo del departamento de Misiones.
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“Un debate obligatorio, transmitido de manera gratuita por medios públicos y privados, asegura que todos los candidatos —incluso aquellos con menores recursos publicitarios— puedan exponer sus propuestas en condiciones equitativas ante el electorado nacional”, agrega.
El proyecto instituye la realización de dos debates públicos obligatorios. Como innovación significativa, exige que uno de ellos se celebre en el interior del país, en la capital del departamento que designe el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), acercando así el proceso democrático a las distintas regiones del territorio nacional.
Se garantiza, además, la difusión gratuita a través de los medios estatales e internet, incorporando criterios de accesibilidad como el lenguaje de señas.
Otro aspecto de la propuesta es que se establece que el TSJE asuma el rol de organizador y árbitro del proceso. “Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la proclamación de los candidatos, deberá convocarlos a una audiencia destinada a acordar el reglamento, las fechas, los moderadores y los temas a tratar”, explica.
Ante la ausencia de consenso, el Tribunal queda facultado para dictar una resolución vinculante sobre los puntos en controversia.
En cuanto a la estructura del debate, garantiza la igualdad de tiempo en exposiciones y réplicas, el sorteo de turnos en vivo, y una duración de dos horas si participan dos candidatos, o de tres horas si son más, entre otros aspectos que contempla el citado proyecto de ley.
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