El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.
“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.
Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.
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Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.
“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.
El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.
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