Para el ingeniero y exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, la discusión del Anexo C del tratado de Itaipú quedó en segundo plano para los gobiernos de Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Agregó que el punto clave del debate gira en torno a la fijación de una nueva tarifa de la hidroeléctrica, razón por la cual persiste el manto de hermetismo desde ambas administraciones.
“Se tiene que ser bien claros, lo que realmente se pretende es extender el acuerdo (de 2024). El anexo C va por otra cuerda y ya no genera beneficios para el Paraguay. Actualmente, la tarifa es de USD 19,28 por kW/mes y el Brasil tiene la esperanza de que quede a USD 10 KW/mes“, refirió este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cáceres comento: “Lo que se pretende de alguna forma es que la tarifa de USD 19,28 por kW/mes no vaya al piso y que por lo menos permita todavía disponer de suficientes recursos y, a la vez, enfocarse en la promoción de nuevas fuentes de generación de energía".
La fijación del precio de la tarifa a USD 19,28 por kW/mes, en mayo del 2024 fue calificada como un acuerdo histórico tras años de negociaciones. Su vigencia se extiende hasta el presente año y llegó a generar alrededor de USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.
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Además se estableció el mantenimiento del acuerdo operativo de la Itaipu, la posibilidad inmediata para Paraguay de vender al mercado libre brasileño su parte de la energía no consumida.
En dicha ocasión los gobiernos de Peña y Lula habían fijado que la renegociación del Anexo C debía concluir a finales del 2024, pero el proceso fue dilatándose en medio de una serie de conflictos como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la represa, entre junio de 2022 y marzo de 2023.
Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.
“Tocar el Anexo C ya no tiene sentido, además los tiempos ya no dan. Esto era de interés cuando había una gran diferencia entre lo que llevaba Paraguay y Brasil (en materia de distribución de energía). Hoy prácticamente nuestro país estará consumiendo a la par que Brasil”, afirmó Cáceres.