Representantes del gremio de docentes solicitaron al presidente de la República, Santiago Peña, el veto parcial del proyecto de reforma de la caja fiscal, sancionada ayer martes por la Cámara de Diputados. El sector, mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo, alega que la iniciativa atropella los derechos adquiridos relacionados a la jubilación.
Los educadores requieren el veto parcial del artículo 4 en lo correspondiente al aumento del 19 % del aporte obrero dispuesto en el inciso (a) numeral 2, para que el docente no aporte más del 16 %.
“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, alegan.
También requieren el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, segundo párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias. Esta medida solicitada, dice la nota, es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del magisterio nacional, las universidades públicas, los institutos de educación superior, magistrados y fuerzas públicas.
A la vez, solicitan el veto parcial del artículo 21 que elimina los cargos vacantes de los fondos de la Caja Fiscal. El mismo dispone que sea derogado el “umeral 5 del artículo 246 de la Ley ”De organización administrativa", del 22 de junio de 1909. Los cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.
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También piden el veto del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación (año 2027). “La Intersindical de la Educación permanece en alerta permanente y vigilante, sin descartar medidas de fuerza para defender nuestros legítimos derechos. Asimismo, recurriremos a instancias internacionales si fuese necesario”, refiere el comunicado.
El comunicado se encuentra firmado por Gabriel Espínola de la OTEP-A, Rafael Resquín de la UNE-SN, Silvio Piris de la FEP, Blanca Ávalos de la OTEP-SN, Abundio Duarte de ADOFEP y APE SN, Elisio Olmedo de ADP-SN, María Velázquez de SITRAFUMEC, José Ayala de MAS SP SN, Juan Argüello de SINTE.
La lista sigue con Miguel López de SITRAFACSO-UNA, María del Carmen Piris de FENOB-UNA, Diego Stalder de SIUNA, Miryam Franco de SIDUNPI, Mario Toñánez de SIDFUBA, Rolando Candia de SIDFISE, Mario Vázquez de SPD UNVES, Teresita Cortese de SIDOFUNI, Eugenia de Kratsh de ADOHUMA, Claudio Mongelós de FECI y Jaime Torales de SINDIPROD-UNCA.