Paraguay anunció el envío de agentes especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a Bolivia con el objetivo de recabar información clave sobre la estructura criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La decisión se da tras su reciente captura y posterior traslado a Estados Unidos, en el marco de una investigación internacional.
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó al medio boliviano El Deber que el despliegue se concretará una vez que se estabilice la situación operativa en el vecino país, donde actualmente las autoridades locales continúan con procedimientos derivados del operativo que permitió la detención del presunto líder narco.
Según explicó, la presencia de agentes de la Senad permitirá acceder a avances investigativos, fortalecer el intercambio de información y articular acciones conjuntas con organismos internacionales que siguen el caso. La red atribuida a Marset tendría ramificaciones en varios países, incluyendo Paraguay, lo que refuerza el interés de las autoridades nacionales.
Marset fue notificado de los cargos
En paralelo, Marset ya se encuentra en Estados Unidos, donde compareció por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, tras ser expulsado desde Bolivia el pasado 13 de marzo. La audiencia inicial fue de carácter administrativo, en la que se le notificaron los cargos y se verificó su representación legal.
El uruguayo permanece recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale, a la espera de las siguientes etapas del proceso judicial. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, es señalado como líder de una organización criminal a gran escala, dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
Las investigaciones sostienen que la estructura operaba en múltiples países y que los envíos de droga podían alcanzar hasta 10 toneladas por cargamento, además de contar con un sofisticado sistema de lavado de dinero a través del sistema financiero internacional.
Las autoridades estadounidenses también indicaron que Marset habría manejado millonarias sumas provenientes del narcotráfico, incluyendo más de 17 millones de euros correspondientes a un solo cargamento, parte de los cuales habrían sido blanqueados mediante operaciones financieras en Estados Unidos.
El caso es liderado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de agencias internacionales. En caso de ser hallado culpable, el acusado enfrenta penas de hasta 20 años de prisión, aunque la condena final dependerá del desarrollo del juicio y de las normativas vigentes.
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