La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia acusó formalmente al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, al que considera responsable de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico. En el sistema judicial federal estadounidense, la pena base puede llegar fácilmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si se prueban esos agravantes.
No obstante, la pena podría reducirse a 30 años si el capo narco capturado en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, el pasado 13 de marzo, decide colaborar con la justicia del país norteamericano.
El uruguayo de 34 años de edad, es acusado formalmente en los Estados Unidos de dos delitos principales conspiración para tráfico internacional de cocaína y conspiración para lavado de dinero. De acuerdo al comunicado emitido por la Administración de Control de Drogas (DEA) lideraba una organización que coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia mercados europeos, generando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas que fueron blanqueadas a través de bancos e instituciones financieras estadounidenses.
Según la publicación realizada por el diario LAR, el sistema judicial federal de los Estados Unidos, ambos hechos punibles derivan a penas extremadamente severas. Las Federal Sentencing Guidelines establecen rangos de sentencia basados en el volumen de droga involucrado, el rol del acusado en la organización, los antecedentes penales y la presencia de agravantes como liderazgo criminal, uso de violencia o corrupción transnacional, para conspiraciones de tráfico de cocaína con cantidades superiores a 150 kilogramos.
Sin embargo, Marset es sindicado de haber transportado toneladas de droga en múltiples envíos, razón por la cual la penal base puede llegar fácilmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si se prueban esos agravantes. Precedentes de narcos sudamericanos procesados en distritos federales como Virginia, Florida o Texas muestran sentencias de vida en prisión más décadas adicionales cuando se demuestra que el acusado era el líder principal de una red internacional.
Rol de líder y principal coordinador
En el caso específico del lavado de dinero, el máximo por cada conteo individual es de 20 años de prisión, pero en conspiraciones amplias como esta los cargos se acumulan y se combinan con los de narcotráfico. Un ejemplo claro es el caso de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido como “Capitán” y socio clave de Marset en la misma organización.
Fue sentenciado en julio de 2025 en el Distrito Este de Virginia a 15 años por lavado de activos vinculados a esa red. Como Marset ocupaba el rol de líder principal y broker global coordinando con el clan Insfrán paraguayo, el PCC brasileño y la ‘Ndrangheta italiana, los analistas estiman que su condena podría superar ampliamente esa cifra, llegando a 30, 40 o más años, o incluso a cadena perpetua si la fiscalía demuestra la magnitud total de la operación y rechaza cualquier acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación refiere además que la posibilidad de cadena perpetua es real y se menciona en análisis de expertos en derecho penal internacional. El enfoque está en los cargos por tráfico masivo y lavado a través de bancos estadounidenses, delitos que el sistema federal trata con máxima rigurosidad cuando involucran volúmenes tan altos y redes transnacionales.
Señala también que varios factores podrían influir en la sentencia final, siendo el más importante la cooperación con la justicia de Estados Unidos. En casos federales de narcotráfico es habitual negociar un plea deal a cambio de información valiosa sobre rutas, socios o bienes incautados.
Si Marset decide colaborar y entrega datos sustanciales que permitan desmantelar partes restantes de su organización o impedir envíos futuros, podría reducir significativamente la pena, quizás a un rango de 20 a 40 años. No obstante, elige no cooperar o si la fiscalía considera que su rol fue demasiado central y dañino, la condena podría mantenerse en niveles muy altos, incluyendo la posibilidad de vida sin parole.
Agrega que teniendo en cuenta su perfil como uno de los narcos más buscados en Latinoamérica que demandó el ofrecimiento de una recompensa por USD 2 millones, es poco probable que obtenga libertad bajo fianza mientras aguarda su juicio.
Prioridad absoluta
Indica que Paraguay sigue insistiendo en una extradición posterior para procesarlo por cargos locales de narcotráfico y posible vínculo con el crimen del fiscal antimafias Marcelo Pecci registado en Colombia en el año 2022, pero Estados Unidos tiene prioridad absoluta por los delitos cometidos a través de su sistema financiero. Cualquier traslado a otro país dependería de que Marset cumpla primero su condena en territorio estadounidense.