El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar al requerimiento de la defensa de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, de concederle la libertad ambulatoria. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se encuentra acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.199 millones, junto a otras 6 personas.
Si bien Fernández fue beneficiada con la medida procesal, tiene prohibido salir del país, cambiar de domicilio y deberá comparecer de forma trimestral ante el juzgado en fechas del 1 al 5, entre otras medidas judiciales impuestas por el magistrado.
La defensa de Fernández, ejercida por el abogado Mario Alberto Bobadilla, indicó que con las restricciones de libertad, primero la prisión preventiva y posteriormente el arresto domiciliario, perdió sentido, ya que la causa que enfrenta su clienta fue elevada a juicio oral y público.
Bobadilla agregó que el cargo de intendenta que posee la dirigente liberal exige su presencia en la ciudad localizada en el departamento de Cordillera, con el fin de cumplir con funciones legales y constitucionales. Asimismo, se presentaron se fianzas personales y una caución real en torno a un inmueble valuado en más de G. 1.435 millones y constancias médicas respecto a enfermedades respiratorias y cardiovasculares de la jefa comunal.
Antecedentes
La imputación se dio en marzo del 2023 por los fiscales de Delitos Económicos, Diego Arzamendia y Néstor Coronel. El proceso de investigación se dio ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royalties.