El exinterventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, dijo que quedó a potestad de la Cámara de Diputados remitir al Ministerio Público el informe final sobre la indagación a la administración del exintendente Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo, que posee 50 denuncias por supuestos hechos de corrupción, fue destituido de la intendencia esteña el pasado 19 de agosto.
“El dictamen de la intervención quedó a consideración de la Cámara de Diputados, a donde fue remitido a través del Ejecutivo. Debería haber sido esa instancia la que evalúe que se deriven los antecedentes a la Fiscalía. Yo sugiero al Congreso Nacional, que finalmente fue el juzgador en materia política, que remita el informe al Ministerio Público”, dijo este jueves al programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ramírez recordó que entre los hechos más escandalosos que encontró durante su intervención a la gestión de Prieto se encuentra el montaje de un sistema orquestado para “manipular y utilizar” recursos a través de las comisiones vecinales, así como la malversación de G. 29.000 millones que debieron destinarse en obras y bienes de capital, pero que habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas.
“Es difícil de poder jerarquizar porque cuando se trata de la plata pública todo es grave. El caso de la malversación no difiere mucho de la situación presentada en la Municipalidad de Asunción, pero sobre el cual hay una condena selectiva. Si bien los recursos de Asunción, malversados, provinieron de los bonos, no es menos grave que aquellos recursos provenientes de los impuestos, de los bolsillos de los contribuyentes que debían ser destinados a inversiones, y que no tenga el mismo nivel de condena como el caso de Asunción", dijo.
A la lista de irregularidades detectadas, Ramírez también citó la existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna y señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería. “Me consta que sobre este punto se están prosiguiendo las investigaciones porque estuve participando de algunas declaraciones ampliatorias de esta situación”, puntualizó.
Asimismo, el economista siguió argumentando que “desde el primer momento de la intervención quisieron con el relato combatir el dato, pero en ningún momento pudieron rebatir ninguno de los hallazgos incorporados en el informe. Es importante que la ciudadanía del Este, quienes tienen la oportunidad de tomar un rumbo sobre el futuro de su institución municipal, tengan toda la información producto de un informe técnico que no fue rebatido“.
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