El abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por el lento proceso de investigación de las denuncias presentadas contra el destituido intendente Miguel Prieto. De 50 casos de corrupción remitidos al Ministerio Público, todos con pruebas documentales, apenas se avanzó con la imputación de dos.
Si bien estas fueron las denuncias de corrupción más emblemáticas por representar el robo más descarado en tiempos de pandemia, como la adjudicación millonaria para compra de miles de kits de víveres a la pequeña despensa Tía Chela y la adquisición de 50.000 kilos de harina a un constructor de pozos artesianos, en ambos casos sin contar con el stock que figuraba en los contratos, existen otros hechos graves cuya investigación sigue sin resultados pese a los años transcurridos.
Enríquez habló de “una artillería de denuncias” que prevén presentar en los próximos días, ya que consideran que los casos están prácticamente congelados en el Ministerio Público, pese a los documentos y análisis de auditorías, como la intervención que aportó evidencias suficientes para agilizar las pesquisas.
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Entre las 50 denuncias presentadas, se encuentra la causa contra Prieto por violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, lo que significó que Gs. 11.042 millones, correspondientes al 60% de los cobros del impuesto, no fueran invertidos en gastos de capital en el 2021. Asimismo, figuran causas por supuesto daño patrimonial de G. 566 millones por sobrefacturación en la construcción de un puente y pavimentación en el asentamiento Mariscal Francisco Solano López, además de la denuncia contra la empresa de maletín MB Constructora, de Elvio Mareco Barrientos, quien pasó de vendedor de frazadas a convertirse en uno de los principales beneficiados con contratos de Fonacide, empedrados y puentes, por un monto que ronda los G. 15.000 millones.
Otra causa de gran envergadura corresponde al uso indiscriminado de transferencias a subcomisiones vecinales para obras por un valor de G. 61.316 millones, “eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas”, en un esquema supuestamente manejado por leales de Prieto que adjudicaban a empresas amigas. Entre las contrataciones cuestionadas se menciona el caso de la Constructora Scde S.A., a la cual se le desembolsaron cerca de G. 20.000 millones, y cuyo representante fue luego incorporado a la municipalidad.
A estas se suman otras denuncias millonarias, como la contratación de la empresa Geocad por G. 2.673 millones para la mensura judicial de la Ex Finca 66, donde figuran rubros irregulares, como la constitución de un juez con un cobro de G. 267 millones, cuando el trámite tuvo un costo ínfimo.
Cabe recordar que varios concejales y exconcejales fueron señalados en esta serie de denuncias por nepotismo, entre ellos la actual intendenta María Portillo, aliada de Prieto, así como Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alison Anisimof de Agüero.