La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.
Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.
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A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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